FNE solicita al Tribunal Constitucional que rechace requerimientos de inaplicabilidad presentados por ejecutivos requeridos por colusión
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó al Tribunal Constitucional (TC) que rechace los requerimientos de inaplicabilidad presentados por Cristián Catalán, Rui Sanches da Silva, Martín Matos y Marco Malverde, en el marco del juicio por colusión que se tramita ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Brink’s, Loomis y Prosegur y contra ejecutivos de dichas empresas, entre quienes se encuentran los antes mencionados.
Los requerimientos persiguen que el TC declare inaplicables por inconstitucionales las disposiciones legales que permiten citar a declarar al juicio ante el TDLC a los ejecutivos acusados, aduciendo que dicho medio de prueba infringiría la garantía de no autoincriminación con relación al debido proceso, todo esto producto de la existencia de un eventual y futuro proceso penal.
Los argumentos de la FNE fueron expuestos hoy ante el pleno del TC por el jefe de la División Litigios, Víctor Santelices, quien afirmó que las acciones de los ejecutivos deben ser rechazadas, porque no se configuran los vicios de constitucionalidad alegados, debido a que la garantía de no autoincriminación no se aplica en el procedimiento contencioso de libre competencia que se tramita ante el TDLC.
El representante de la FNE precisó que lo anterior se basa tanto en la Constitución como en la jurisprudencia del propio TC, radicada en su pronunciamiento sobre la causa por colusión de las empresas productoras de carne avícola, conocida como “caso pollos”.
Santelices también destacó que el procedimiento de libre competencia ante el TDLC respeta un conjunto de garantías generales del debido proceso, que no se altera por la existencia de un juicio penal de carácter futuro y eventual por estos hechos, no generándose, en consecuencia, un efecto contrario a la Constitución, tal como lo ha señalado previamente el propio TC.
En el mismo sentido, el Jefe de Litigios de la FNE, advirtió que si se adoptan los planteamientos expuestos por los requirentes, la intención que tuvo el legislador al reintroducir la sanción penal a la colusión en la modificación legal del 2016 se vería severamente mermada.
“Si la FNE no cuenta con las herramientas adecuadas para lograr un pronunciamiento favorable ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no solo no será posible evaluar la posibilidad de ejercer la acción penal, sino que incluso se dificultará sancionar la colusión en sede infraccional, quedando en definitiva el resguardo de la libre competencia en un peor pie que aquel existente con anterioridad a la criminalización de este comportamiento”, expuso el representante de la FNE.
El juicio ante el TDLC
La FNE presentó el 7 de octubre del 2021 ante el TDLC una acusación por colusión contra las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país: Brink’s, Loomis y Prosegur, y contra seis de sus principales ejecutivos, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
Este juicio se encuentra en etapa de prueba ante el Tribunal, que está realizando audiencias de testigos.
