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Luis Riveros |
Nuestro país vive indisimuladamente una creciente y peligrosa tensión que se manifiesta en un amenazante escenario de antagonismos y disputas. Chile, en medio de gran desconcierto, vive tensionado por problemas no resueltos y que afectan la normal vida a que aspira la ciudadanía.
En noviembre de 2019, época de protestas y del estallido social, el Gobierno de Sebastián Piñera propuso la Ley 21.185, que congelaba las tarifas eléctricas para revertir el aumento de 9,2% que tendrían las cuentas de luz. Es de notar que las tarifas eléctricas son reguladas y fijadas por la autoridad, por lo que sus variaciones no corresponden a una decisión de las empresas distribuidoras eléctricas, las que solo están mandatadas a aplicarlas.
Prima una enorme lejanía entre los hechos y dichos de nuestros políticos, con respecto a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Por cierto, esto no es un hecho saludable para el cuerpo social puesto que aleja las decisiones de política pública de las prioridades que en ellas deberían adquirir las demandas populares. Existen muchos ejemplos de cómo se da en los hechos esa lejanía al observarse, por ejemplo, los temas abordados en las sesiones de las dos ramas del Congreso Nacional y las angustias que viven las personas con sus ingentes necesidades.
Predomina una imagen de desorden en la Universidad de Chile a raíz de confusas manifestaciones estudiantiles que ponen en duda la solidez institucional para enfrentar conflictos. Son varias las demandas que se mencionan a través de distintas vocerías.
El país se encuentra profundamente desconcertado por la baja calidad del debate político, frente a la existencia de grandes problemas que permanecen prácticamente desatendidos a los ojos de la ciudadanía.
Dentro de los aspectos no mencionados en el último mensaje presidencial, y que sin embargo debiera ocupar una alta prioridad, se refiere a la situación de emergencia que está enfrentando el mercado laboral. Un reciente estudio de David Bravo ha puesto de relieve algunos indicadores que ponen en evidencia esta situación que constituye una verdadera emergencia.
En su titular principal un periódico calificó de “pijamada” la decisión del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de permanecer en su oficina durante la noche para así tratar de protegerla de las acciones de grupos extremistas que habían ocupado dependencias universitarias.
El CAE (Crédito con Garantía Estatal) se creó el año 2006 por medio de la Ley 20027 con el fin de que más jóvenes pudieran ingresar a la educación superior. La ley fue aprobada en forma casi unánime en el Congreso Nacional porque, se argumentó, así se podría avanzar en materia de equidad y cobertura.
Un reciente estudio ha puesto de relieve, nuevamente, los bajos estándares formativos que ha adquirido la educación en general y el nivel medio en particular. Tal estudio muestra que los postulantes a las carreras de pedagogía poseen una comprensión lectora equivalente a quinto año básico.
La social democracia se originó en Alemania y su fundador, Eduard Berstein, se declaró a favor de las intervenciones estatales, tanto económicas como sociales, para promover mayor equidad económica e igualdad social en el marco de una economía capitalista.