Los dilemas del CAE
El CAE (Crédito con Garantía Estatal) se creó el año 2006 por medio de la Ley 20027 con el fin de que más jóvenes pudieran ingresar a la educación superior. La ley fue aprobada en forma casi unánime en el Congreso Nacional porque, se argumentó, así se podría avanzar en materia de equidad y cobertura. Hasta esa fecha, solamente los estudiantes de universidades tradicionales tenían derecho a ayudas estatales, mientras se expandía rápidamente el sector privado de la educación superior, causando una injusta discriminación y coartando la inversión que requería el sistema. Entre el 2006 y el año 2022 se han prestado más de 11.000 millones de dólares, y sólo un porcentaje pequeño ha cancelado la deuda contraída. Aún más: luego de los anuncios que formulara el actual gobierno anunciando la condonación de la deuda, se redujo aún más el porcentaje de quienes asumen el pago, y el sistema continúa acumulando un saldo de deudores bastante significativo del más del millón de estudiantes que han obtenido el beneficio.
El préstamo que se otorga es bastante “blando” en sus condiciones de pago. En primer lugar, porque se cancela en montos equivalentes a UF más un 2%, que contrasta severamente con las condiciones que se asignan a otras operaciones crediticias. En segundo lugar, el proyecto definió que el pago del crédito era contingente a no ser mayor que un 10% de la renta efectiva del deudor, también una condición bastante excepcional. El otorgamiento del crédito presume que el beneficiario completa su carrera dentro del plazo previsto, aunque admite la posibilidad de que se cambie de carrera a lo más una vez durante el período de vigencia del crédito. Posteriormente a la vigencia del CAE se aplicó la gratuidad de los estudios superiores para los segmentos más desfavorecidos junto a otras normas referidas a becas y apoyo financiero, pero todo ello es considerado insuficiente para cubrir las necesidades existentes, por lo cual el CAE continúa vigente.
Tres problemas prevalecen hoy en día para entender el observado bajo compromiso de pago de los beneficiarios del CAE y que tiene al sistema al borde de una crisis. En primer lugar, la existencia de una tasa de deserción y de permanencia en las carreras que hace muy difícil pensar en una alta recuperación de los créditos otorgados. En segundo lugar, que parece haberse sobreestimado las tasas de empleabilidad que garantizaría un retorno adecuado de los fondos prestados. En tercer lugar, está el posible hecho de que se hayan también sobreestimado las potenciales remuneraciones de los egresados de la educación superior, lo cual fue siempre una preocupación referida a la calidad de la educación superior. Sin embargo, hay aún un cuarto problema que tiene que ver con el diseño financiero del sistema administrado por el sector bancario. Los bancos estimaron insuficiente el puro aval del Estado como garantía del préstamo que se otorga a los estudiantes, y por ello hubo de establecerse una garantía adicional cual es la llamada “recarga” y que consiste en que el fisco debe comprar parte de la cartera de créditos otorgados por la banca, incluyendo además un sobreprecio. Esto último ha significado un significativo desembolso fiscal, mientras que el estado se queda con la parte más riesgosa de la cartera de deudores, lo cual lleva a que el no pago le afecte principalmente.
La actual discusión sobre una “condonación” de la deuda no ha enfrentado este último problema, elcual debería figurar como el más dañino para el sistema y para el propio presupuesto público. Pero, además, el financiamiento de un eventual “perdonazo” salta a la vista como un gran obstáculo dado la actual situación de déficit y deuda pública. Pero también está el tema de los incentivos que se crean, puesto que se está obviando un compromiso suscrito por los beneficiarios, y que no se cumpliría por una decisión política. La pregunta es ¿porqué no se habría de hacer lo mismo con otras deudas que se sostienen con el sector público, especialmente los sectores más pobres del país? Adicionalmente está el problema del financiamiento: se ha dicho que se podría abordar con impuestos, lo cual acrecienta el problema de inequidad, puesto que terminarían pagando la deuda aquellos que no adquirieron el compromiso. Es mejor generar un sistema que investigue la actual situación de ingresos y empleo de los deudores, haciendo resaltar el caso de muchos que en realidad no desean pagar, y esperan ser solamente subsidiados, Entres estos últimos destacan algunos parlamentarios que dado su privilegiada situación de ingresos no podrían aludir a problemas de solvencia para asumir las responsabilidades adquiridas.
Profesor Luis A. Riveros
Universidad Central
