Germán Pinto

Creo oportuno insistir en la discusión de qué es más eficiente para solucionar las necesidades sociales: aumentar la recaudación, asumiendo que dotar al Estado de ingentes recursos es la solución para satisfacer las demandas de la población; o gestionar los estímulos y políticas que permitan que los agentes intermedios logren el crecimiento suficiente para que el país, en su totalidad, logre un mayor desarrollo.

El tema de la reforma tributaria no ha parado y el Ministerio de Hacienda está realizando los “Diálogos por un Pacto Tributario” para discutir el talante de una nueva iniciativa legal sobre la materia. Es en este ejercicio que considero oportuno insistir que lo primero a determinar, es si el sistema tributario buscará solo recaudación o será una herramienta para lograr el desarrollo del país.

Puede llamar la atención el título de mi columna, pues resulta curioso, por decir lo menos, que los delincuentes paguen impuestos por los ingresos que generen o por las operaciones que efectúen. 

Ya ha pasado una semana desde el rechazo de la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentó el año pasado, y que se pensaba que en un lapso de seis meses tendríamos una nueva forma de tributar.

Le pregunté a un amigo cómo consideraba la reforma tributaria que fue rechazada en la Cámara de Diputados y Diputadas el jueves pasada, a lo cual me respondió entonando la canción de Marc Anthony: era ¡mala, mala y cara!

La Ley 21.420 buscaba aumentar la recaudación a través de la eliminación de exenciones y aumentando la base tributaria de los impuestos como aplicar IVA a servicios que no estaban afectos, comenzando a tener efectos a contar del 1 de enero del presente año.

Ya ha pasado más de una semana del bullido episodio que la coalición de gobierno protagonizó por el royalty forestal que comenzó como una cándida alusión del presidente, pero luego se convirtió en una verdadera bola de nieve que terminó por frenar la ministra Tohá.

El Ministro de Hacienda ha manifestado su molestia cuando gremios, académicos y expertos han señalado su oposición a cambios tributarios que buscan aumentar la carga tributaria de los contribuyentes, cuando las normas ya están en vigencia, tal como ocurrió con la ley 21.420 que graba con IVA a todos los servicios, señalando que no se manifestaron tales reparos en la discusión de esa norma legal.

El 12 de enero recién pasado, fue publicada la Circular 5 del Servicio de Impuestos Internos (SII) que imparte instrucciones sobre el nuevo artículo 37 bis de la Ley sobre Impuestos a la Renta (LIR) incorporado por la Ley 21.420 que elimina exenciones tributarias. 

Hace unas semanas fue publicada una entrevista del ex ministro de hacienda, don Ignacio Briones, donde manifestaba su apoyo a la norma que grava con IVA todos los servicios con el fin de recaudar más recursos para financiar la PGU, tal como lo hizo la Ley 21.420 y que he comentado profusamente estas últimas semanas.