Germán Pinto

A poco andar la tramitación de la reforma tributaria que busca establecer un nuevo sistema de tributación para nuestro país, se han manifestado muchas críticas que han motivado indicaciones antes que se haya realizado la votación en general de su texto en el Congreso, lo que evidencia lo “político” que ha sido su tramitación y no sustentada en fundamentos técnicos.

El Presidente de la República intervino en el IX Encuentro Anual del Comercio el viernes recién pasado, evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio, comentando aspectos del Presupuesto 2023 y haciendo diversas alusiones al empeño que su administración quiere realizar para reactivar nuestra economía, como también algunas referencias al proyecto de Reforma Tributaria Hacia un Pacto Fiscal por el Desarrollo y la Justicia Social que está siendo tramitada en el Congreso en estos momentos.

Es una verdad palmaria que las “fuerzas sociales” han conminado a las autoridades (actuales y pasadas) de nuestro país, a dar diligente satisfacción a las necesidades sociales que aún no han sido resultas, pese al crecimiento económico que ha experimentado el país en los últimos 30 años. 

Las rentas de un bien raíz urbano solo puede provenir su arrendamiento, es decir, cuando el dueño entrega la posibilidad de uso y/o goce a otra persona por un tiempo determinado.

El 4 de septiembre recién pasado será recordado, entre muchos otros aspectos, como el día en que Chile no aprobó un proyecto de constitución, ejercicio democrático inédito en el mundo, porque nunca una iniciativa constitucional había fracasado, es decir, el pueblo dijo que no le gustaba esa “carta magna” que regularía el poder estatal de la forma como estaba establecida.

El proyecto de ley de reforma tributaria que está siendo tramitado en el Congreso tiene el gran objetivo de incrementar en 12 mil millones de dólares la recaudación fiscal, cifra necesaria para financiar las promesas de campaña y las necesidades sociales que se han demandado vehementemente desde octubre de 2019, aunque se ha estimado en 41 mil millones de dólares las sumas necesarias para financiar el nuevo Chile que surgiría de la propuesta de constitución que votaremos el próximo 4 de septiembre. Independientemente una u otra cifra, esta reforma necesita aumentar muchísimo la recaudación fiscal.

Ya lleva poco más de un mes el trámite del proyecto de ley de Reforma Tributaria hacia una Pacto Fiscal por el Desarrollo y la Justicia Social, el que se ha desarrollado con una demora mayor a la esperada, lo cual, sin duda, perjudica el objetivo que prometió cumplir cuando se anunció.

El proyecto de ley de “Reforma Tributaria hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social” que está en tramitación en el Congreso, introduce modificaciones a varios cuerpos legales, siendo la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios una de ellas.

Para tal encomiable propósito, el proyecto ha realizado modificaciones a la integración del impuesto de categoría con los impuestos finales, ha creado un nuevo impuesto al patrimonio, un nuevo impuesto a las rentas de capital, modificado el royalty minero, eliminado el beneficio del DFL 2 de 1959 y otras disposiciones que, se espera, puedan contribuir al cometido ya señalado.

El proyecto de ley de Reforma Tributaria hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social busca aumentar la recaudación fiscal entre 10 a 12 mil millones de pesos para poder responder a las demandas sociales, promesas de campaña, anuncios de la cuenta pública del presidente y también para el nuevo Chile que surgirá de aprobarse el proyecto de nueva constitución que estamos todos leyendo afanadamente.