Germán Pinto

El proyecto de ley de Reforma Tributaria hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social busca aumentar la recaudación fiscal entre 10 a 12 mil millones de pesos para poder responder a las demandas sociales, promesas de campaña, anuncios de la cuenta pública del presidente y también para el nuevo Chile que surgirá de aprobarse el proyecto de nueva constitución que estamos todos leyendo afanadamente.

El proyecto de ley de Reforma Tributaria hacia un Pacto Social por el Desarrollo y la Justicia Social que se está tramitando en el Congreso tiene cambios profundos a nuestro sistema tributario, siendo la desintegración del Impuesto a la Renta de Primera Categoría (IRPC) con los impuestos finales lo más trascendental, en mi opinión.

Muchas sorpresas tiene el proyecto de ley de nueva reforma tributaria que comenzó su tramitación legislativa hace unas semanas, siendo una de ellas, la disminución de la tasa del Impuesto a la Renta de Primera Categoría (IRPC) de un 27% a un 25%. Sin duda que representa un interesante estímulo a las inversiones y será un dato relevante para la evaluación de la viabilidad de futuros proyectos.

Por fin pudimos conocer el mensaje presidencial del proyecto de reforma tributaria “hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justifica social”, el cual ha generado muchas expectativas por ser la “madre de todas las reformas”, pues proveerá al Fisco de 12 mil millones de dólares para poder dar respuestas a las demandas sociales y al nuevo Chile que nacerá de la nueva constitución.

El viernes recién pasado se presentó al Congreso el proyecto de reforma tributaria que el gobierno tiene considerada como una de las reformas estructurales de su mandato. Ha sido el producto de un trabajo intenso, muy elaborado y apoyado en documentación internacional, análisis de la historia de otras reformas y la recolección de opiniones a través de los Diálogos Sociales.

Mucho interés causó el informe de la OCDE sobre la situación tributaria de nuestro país, especialmente por la estimación de la brecha que existe entre el nuestro nivel de recaudación con relación al PIB y el mismo porcentaje que tiene el resto de los países miembros de esa organización.

La semana pasada fueron presentados los 8 principios que surgieron de los Diálogos Sociales que el equipo tributario del Ministerio de Hacienda realizó desde abril a junio para escuchar a distintos actores, recogiendo sus inquietudes y anhelos sobre un sistema tributario más justo y equitativo que se reflejarán en el nuevo proyecto de reforma tributaria que prontamente se presentará al Congreso, ejercicio que sin duda es loable y destaca el entusiasmo y compromiso de ese equipo. Por

La expectación ya ha llegado a los parlamentarios, como el senador Ricardo Lagos Weber quien ha señalado su anhelo de lograr un “pacto fiscal”; el diputado Jaime Naranjo, mencionando su frustración porque hasta ahora solo ha conocido “pincelazos” del contenido del proyecto; el senador Juan Antonio Coloma, quien manifestó su preocupación por el efecto negativo que puede generar el aumento de los impuestos, porque éstos no son neutros; el senador Felipe Kast, al solicitar que se proteja e incentive la inversión; o el diputado Guillermo Ramírez, que está esperando participar en el periodo prelegislativo que anunció la autoridad económica.

Percibo mucha expectación por la futura reforma tributaria que tanto ha anunciado el Gobierno, debido a las expectativas que se han hecho por las promesas de campaña, lo dicho en el discurso cuando el presidente asumió el mando del país y por lo anunciado en la primera Cuenta Pública recientemente realizada. Además, hay expectación para saber cómo fueron recibidas las múltiples propuestas escuchadas en los Diálogos Sociales que el Ministerio de Hacienda ha llevado a cabo, y que terminaron este fin de semana.

El borrador de constitución que hemos podido estudiar establece una nueva forma de estructurar al país como también su sistema político, cambiando desde un régimen presidencialista a uno que me resulta difícil denominar (más por desconocimiento e impericia de mi parte, que por características del texto), pues hay un evidente debilitamiento del Poder Ejecutivo como actualmente está concebido, limitando sus prerrogativas.