Germán Pinto

El viernes recién pasado se presentó al Congreso el proyecto de reforma tributaria que el gobierno tiene considerada como una de las reformas estructurales de su mandato. Ha sido el producto de un trabajo intenso, muy elaborado y apoyado en documentación internacional, análisis de la historia de otras reformas y la recolección de opiniones a través de los Diálogos Sociales.

Mucho interés causó el informe de la OCDE sobre la situación tributaria de nuestro país, especialmente por la estimación de la brecha que existe entre el nuestro nivel de recaudación con relación al PIB y el mismo porcentaje que tiene el resto de los países miembros de esa organización.

La semana pasada fueron presentados los 8 principios que surgieron de los Diálogos Sociales que el equipo tributario del Ministerio de Hacienda realizó desde abril a junio para escuchar a distintos actores, recogiendo sus inquietudes y anhelos sobre un sistema tributario más justo y equitativo que se reflejarán en el nuevo proyecto de reforma tributaria que prontamente se presentará al Congreso, ejercicio que sin duda es loable y destaca el entusiasmo y compromiso de ese equipo. Por

La expectación ya ha llegado a los parlamentarios, como el senador Ricardo Lagos Weber quien ha señalado su anhelo de lograr un “pacto fiscal”; el diputado Jaime Naranjo, mencionando su frustración porque hasta ahora solo ha conocido “pincelazos” del contenido del proyecto; el senador Juan Antonio Coloma, quien manifestó su preocupación por el efecto negativo que puede generar el aumento de los impuestos, porque éstos no son neutros; el senador Felipe Kast, al solicitar que se proteja e incentive la inversión; o el diputado Guillermo Ramírez, que está esperando participar en el periodo prelegislativo que anunció la autoridad económica.

Percibo mucha expectación por la futura reforma tributaria que tanto ha anunciado el Gobierno, debido a las expectativas que se han hecho por las promesas de campaña, lo dicho en el discurso cuando el presidente asumió el mando del país y por lo anunciado en la primera Cuenta Pública recientemente realizada. Además, hay expectación para saber cómo fueron recibidas las múltiples propuestas escuchadas en los Diálogos Sociales que el Ministerio de Hacienda ha llevado a cabo, y que terminaron este fin de semana.

El borrador de constitución que hemos podido estudiar establece una nueva forma de estructurar al país como también su sistema político, cambiando desde un régimen presidencialista a uno que me resulta difícil denominar (más por desconocimiento e impericia de mi parte, que por características del texto), pues hay un evidente debilitamiento del Poder Ejecutivo como actualmente está concebido, limitando sus prerrogativas.

Ya tenemos el borrador del proyecto de constitución y podemos realizar nuestras evaluaciones según distintos puntos de vistas. En esta oportunidad, ofrezco una mirada considerando el financiamiento de la estructura que nos podría regir.

El público lego y alejado del cumplimiento tributario puede haber percibido exageradas las demandas del Colegio de Contadores de Chile AG, tendientes a solicitar un aplazamiento de la fecha para pagar los impuestos este año, lo cual fue acogido por la autoridad y el Presidente de la República instruyó un primero aplazamiento del 30 de abril al 12 de mayo, y luego el Ministerio de Hacienda realizó lo propio, concediendo un plazo especial hasta el 19 de mayo, pero solo para quienes no tengan pago.

Ha trascendido como criterio para una nueva reforma tributaria, la idea de aumentar la recaudación fiscal a través de la mayor tributación de las personas naturales, por medio de incrementar las bases de tributaria y aumentar el número de contribuyentes afectos. 

El Colegio de Contadores de Chile A.G. ha conseguido por segundo año consecutivo la postergación de la fecha de declaración de impuestos a la renta anuales, argumentando los problemas que ha presentado la página del Servicio de Impuestos Internos (SII) como también la carga excesiva de trabajo para poder cumplir con los requerimientos de información anexa que el organismo fiscalizador exige para las empresas.