El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sentenciado este viernes que el Gobierno del presidente Donald Trump tiene la potestad de cancelar el estatus de protección de alrededor de 300.000 venezolanos, lo que permitiría su deportación, un fallo similar al que la Corte Suprema ya emitió en mayo y que responde a la solicitud de la Administración estadounidense después de que un tribunal inferior decidiera lo contrario.
"Aunque la situación procesal del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos en general no lo han hecho. El mismo resultado que alcanzamos en mayo es apropiado aquí", indica la sentencia emitida por el Supremo.
A comienzos de este año, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) otorgado a los migrantes venezolanos en EEUU, antes del plazo estipulado por su antecesor en el cargo, Alejandro Mayorkas, durante el mandato de Joe Biden.
A finales de marzo, un juez federal frenó las intenciones de la Administración Trump. Pocos meses después, en mayo, la Corte Suprema avaló la decisión Kristi Noem, lo que abrió la puerta a inminentes expulsiones.
El juez federal del distrito del norte de California Edward Chen --quien fue el primero en pronunciarse en contra-- volvió a emitir finales de agosto un fallo, definitivo en este caso, que cuestionaba la revocación del TPS. Siguiendo el mismo camino que en la anterior ocasión, Noem recurrió al Tribunal Supremo, que de nuevo ha dado la razón al Gobierno estadounidense.
Tres magistrados liberales del tribunal han rechazado la sentencia y la jueza Ketanji Brown Jackson --que ha disentido-- ha sostenido que este es "otro grave abuso de (nuestro) expediente de emergencia" y ha denunciado que se permita al Gobierno de Trump alterar la "vida de tantas personas como sea posible, lo más rápido posible".
La medida adoptada por Biden en enero facilitaba que los venezolanos pudiesen seguir beneficiándose de una protección específica hasta octubre de 2026, lo que abre la puerta que puedan trabajar de manera legal en Estados Unidos y les protege de deportaciones inminentes. Según los planes de Trump, el TPS debía haber terminado ya para Venezuela el pasado 7 de abril.
