Sr. Director,
El principio precautorio es un pilar del derecho ambiental, desarrollado para prevenir daños graves incluso sin una certeza científica absoluta. No obstante, su aplicación estricta ha generado un fenómeno disfuncional: la "permisología".
Exigir la inocuidad absoluta puede ser contraproducente. Bajo esta lógica, proyectos esenciales para enfrentar la crisis climática, como las energías renovables, se ven retrasados o rechazados. Esto no solo frena el progreso, sino que también ignora la naturaleza misma de la ciencia, que opera bajo un contexto de incertidumbre. La verdadera amenaza no es la falta de certeza, sino la parálisis administrativa que genera, tal y como lo plantea C.R. Sunstein de Harvard Law School.
La clave no está en abandonar el principio, sino en aplicarlo de manera inteligente. La incertidumbre por sí sola no debería invalidar proyectos, especialmente si existen tecnologías y regulaciones para mitigar riesgos. Una alternativa efectiva es la autorización gradual, un enfoque que permite avanzar por etapas, monitorear resultados y ajustar condiciones.
Así, el principio precautorio deja de ser un veto y se convierte en una herramienta flexible de gobernanza. El desafío es gestionar la incertidumbre y orientar el desarrollo de forma responsable, sin caer en la parálisis.
Carlos Peña Farfal
Investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas
Universidad Autónoma de Chile