Universidades amenazadas
El antiguo sistema del Fondo Solidario para financiar los estudios universitarios fue creado en 1994 aplicándose sólo a las universidades del Consejo de Rectores. Los recursos eran traspasados a las propias instituciones, las cuales debían administrarlos con arreglo a las disposiciones legales. Ciertamente, el sistema hizo crisis en la medida en que se expandía la matrícula y el sector universitario privado era ya una realidad que no atendía sólo a jóvenes de grupos económicamente solventes. La situación llevaba a recurrentes protestas que paralizaban al sistema en su conjunto por lo que hubo de reemplazarse. El nuevo sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE) envolvía un endeudamiento de los estudiantes con el sistema bancario, única posibilidad a la fecha para poder hacer frente a la enorme demanda por recursos, dejándose así de lado propuestas sobre un endeudamiento con alguna entidad púbica, como la CORFO o el Banco del Estado.
El sistema funcionó a pesar de un grave problema de diseño. Si los beneficiarios del CAE no pagaban al banco que emitía la deuda, el monto adeudado pasaba al propio Estado quien debía hacerse cargo. Fue un excelente negocio para los bancos, pero una pésima solución para el Estado. Además, el porcentaje de pagos del préstamo, y a pesar de las bajas tasas que el mismo envolvía, se fue haciendo cada vez menor en la medida en que se vaticinaba el término de dicho sistema. El mundo político nunca abordó explícitamente este tema para poner término a un sistema largamente frustrado.
En la actualidad el parlamento discute (y ya aprobó en primera instancia) un nuevo sistema llamado FES, que implica que el propio Estado proveerá directamente los recursos para que se eduque “gratuitamente” a los estudiantes pertenecientes a los nueve primeros deciles de la distribución del ingreso. Se ha dicho que el nuevo sistema no envuelve un crédito, lo cual es cierto en la medida en que no será una institución financiera la que provea los recursos, cosa que hará el propio Estado. Aunque éstas son buenas noticias, hay dos malas que acompañan al sistema propuesto. Primero, aunque no es un crédito, los egresados deberán devolver los recursos a través de un descuento tributario de entre un 7% y 8% de sus ingresos durante veinte años. Esto representa un pago bastante mayor a la que envuelve el actual CAE. Segundo, el Estado deberá proveer los recursos a las instituciones por los aranceles del 90% más pobre de sus estudiantes durante un período de alrededor de 5 o 6 años, mientras no se comience a recuperar los fondos en préstamo. Aparte de esto hay otra grave implicancia: el arancel que pagarán los estudiantes se fijará por el propio Estado y la experiencia ya indica que esta fijación ocurrirá a un nivel menor que los costos reales de las carreras, con lo cual se desbaratarán los esfuerzos por invertir en mayor calidad formativa.
En realidad, cuesta entender que esto haya sido aprobado a pesar del desfinanciamiento que implica y del pago que deberán hacer las universidades para cubrir los costos no financiados por el arancel de referencia. Lo más graves, es que el sistema universitario quedará así sometido a los dictámenes financieros del gobierno de turno.
Prof. Luis A. Riveros
Universidad Central
