Patricio Herman
La Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales nos manifestó que hace un par de días la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano del Senado resolvió, conforme a propuesta del ministro del ramo, Cristián Monckeberg, dejar en nada el proyecto de ley con el nombre bonito y mentiroso de “integración urbana y social”, aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de agosto de 2019 con 73 votos a favor, 55 en contra y una abstención.
“Hay contribuyentes que tienen más de 2.000 viviendas económicas DL2, por las cuales, como arrendadores, no pagan ni un mísero peso al SII”, advierte Patricio Herman, presidente de la entidad, en una carta enviada al ministro de Hacienda.
Con motivo de las masivas expresiones ciudadanas iniciadas el 18 de Octubre en contra del inicuo neoliberalismo en boga, la desigualdad, la falta de transparencia en las actuaciones del aparato público, abusos de privados en sus ofertas de bienes y servicios en los diferentes mercados, colusiones empresariales para cobrar más dinero a los consumidores, financiamiento ilegal de la política, políticos desvergonzados que piden dinero a las grandes empresas para salir electos en las elecciones y unas cuantas más lacras que todos conocemos, por un lado el gobierno con palabras elegantes ha reconocido que las reglas de los mercados han sido superadas y por otro lado las asociaciones gremiales empresariales también se han hecho un mea culpa, según informaciones divulgadas por la prensa.
“A la luz de su acomodaticia respuesta se procedió con el conocido criterio corporativo de socorros mutuos entre colegas. Para salvar las apariencias dicha Comisión dice que elaboró un instructivo para determinar las inhabilidades, algo muy similar a los cursos de ética que toman los empresarios tramposos”, advierte Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.
En carta dirigida al presidente de la Comisión de Etica y Transparencia de la Cámara de Diputados, Bernardo Berger..
El nuevo texto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) se publicó el 5 de junio de 1992 en el Diario Oficial, gobierno de Aylwin, y desde esa fecha ha tenido innumerables cambios, casi todos para favorecer a la industria inmobiliaria y por ello se justifica plenamente el estallido social iniciado el 18 de octubre pasado.
Dentro de las justificadas demandas de la sociedad civil que claman por justicia social y por el término de los abusos y corrupción de las minorías de nuestro desigual país, nos encontramos con los elevados sueldos que reciben mensualmente y sin atraso alguno, todos aquellos que se desenvuelven en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, puntualizó, por lo pronto, que DOM de Concón deberá paralizar las faenas del proyecto en construcción.
Durante la semana pasada se cumplieron los 30 años del derrumbe del muro de Berlín que Alemania Oriental construyó en esa ciudad para que sus habitantes no se trasladaran a Alemania Occidental. Fue exactamente el 9 de noviembre de 1989 cuando el miembro del Politburó del Partido Socialista Unificado (SED), Günter Schabowski, anunció en una conferencia de prensa, retransmitida en directo por la televisión de Alemania Oriental, que todas las restricciones para viajar al extranjero habían sido retiradas, con la estupefacción, al oír ello, de los otros altos dirigentes de ese partido único que lo acompañaban.
Dentro de las justificadas demandas ciudadanas reflejadas en las protestas están las mejoras de los pensiones que se reciben de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) creadas a través del DL 3.500, instrumento legal que ha tenido en democracia varias modificaciones que han favorecido a esa industria y, como contrapartida, perjudicando los legítimos intereses de los afiliados. (sic).
Los dueños de esas viviendas tienen los siguientes beneficios : 1.- Exención del 20% en el pago de las contribuciones de bienes raíces hasta por 20 años.2.- Descuento del 50% al arancel que cobra el Conservador de Bienes Raíces por inscribir su título de dominio.3.- Reducción en la tasa de timbres y estampillas4.- Exención del impuesto a la herencia y donaciones.5.- En caso de venta, la ganancia está libre de impuesto y6.- Rentas que reciben sus dueños por los alquileres, a perpetuidad libres de impuesto.Como hay que entregar datos duros y actualizados para que así los que deciden se atrevan a resolver, el Servicio de Impuestos Internos (SII) en su Oficio ORD. Nº 2493 del 3 de octubre de 2019, conforme a la ley de Transparencia, le informó a quien firma este opúsculo, cuantos regalones tienen registradas allí más de 50 y hasta más de 2.000 propiedades acogidas al aludido beneficio tributario.
En la cita participó el presidente de la organización, Patricio Herman, y colaboradores directos del secretario de Vivienda.
En mi calidad de lector diario de todos los medios que cubren noticias económicas y financieras, me es sumamente grato felicitar a Estrategia por su permanente línea de apego a la transparencia, verdad y buen juicio para informar a sus lectores en estos 41 años de vida.
La diputada Orsini dijo en un canal de televisión que creía que algunos diputados para sus consumos de drogas tenían relaciones con narcotraficantes, asunto muy grave que fue difundido por toda la prensa. Este columnista estima que la diputada aprovechó el espacio televisivo para estar en primera plana de las noticias y como no dio nombres el asunto quedará en nada, entendiendo que sus colegas difícilmente podrían estar involucrados con esas mafias. Pero, a continuación, dando nombres, sí se evidencia la falta de transparencia y negligencia de estos parlamentarios.
Patricio Herman respondió a la carta emitida ayer por Inmobiliaria Miradores de la Dehesa respecto a un proyecto que desarrolla en la comuna de Lo Barnechea, Santiago.
Desde hace algunos años la ciudadanía está más informada y por ello ha estado haciendo valer sus derechos urbanos en las instancias administrativas y judiciales, pues muchos actores inmobiliarios han obtenido, de parte de las Direcciones de Obras Municipales (DOM), innumerables permisos de edificación contrarios a derecho, lo que ha significado la emisión de unos cuantos de dictámenes de la Contraloría General de la República y fallos de la Corte Suprema, que han establecido las ilegalidades de esos permisos. El caso más bochornoso es el conocido como los guetos verticales edificados con aproximadamente 60 permisos ilegales en la comuna de Estación Central.
Como consecuencia de las demandas ciudadanas de la comuna de Ñuñoa, el alcalde Zahri tomó la razonable decisión de modificar el otrora permisivo Plan Regulador Comunal (PRC), reduciendo y por lo tanto perfeccionando en función de las comunidades, las normas de edificación en dicho instrumento urbano en algunos sectores. Ese cambio está vigente desde el 30 de agosto de 2019, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial.
“Se le recordó al ministro que, tanto la Seremi como la División de Desarrollo Urbano de su ministerio, como la Contraloría General de la República y recientemente la Corte Suprema, han resuelto que los edificios en altura con agrupamiento continuo en zonas urbanas donde no exista un Plan Regulador Comunal, lo que sucede en la especie, son ilegales”, apunta la misiva.
Todos sabemos que el 14 de agosto pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley denominado eufemísticamente de “integración social y urbana” pero que en realidad es un vulgar traje a la medida de las más poderosas inmobiliarias del país, es decir, las que tienen capacidad económica para adquirir terrenos que se someterán a mejoras urbanísticas decididas discrecionalmente, ya sea por el ministro de Vivienda y Urbanismo, su Seremi y por el jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) de ese ministerio. Vemos entonces que las reglas del juego contenidas en todos los Planes Reguladores Comunales serán letra muerta por resoluciones absolutamente centralistas y autoritarias.
Patricio Herman, de la citada fundación, consignó que respetuosos de la institucionalidad acatamos los fallos judiciales, pero el permiso de edificación de marras viola el estatuto legal de Vivienda y Urbanismo.”