Patricio Herman
En los territorios rurales o agrícolas, luego fuera de los límites urbanos fijados en los Planes Reguladores, no está permitido abrir calles, subdividir para construir poblaciones salvo aquellas que sus casas tengan un precio de UF 1.000, admitiéndose como es lógico la edificación de las viviendas necesarias para la explotación agrícola del predio, es decir, la del dueño y sus trabajadores.
El gobierno chileno, con mucha palabrería, dice preocuparse con ánimo conservacionista de los humedales, lo que consideramos una mentira más en el ámbito de las políticas territoriales y ambientales y por ello hay que tener presente lo que relatamos enseguida.
Desde hace tiempo estamos publicando columnas de opinión en Estrategia criticando cómo algunos actores de los mercados cometen trampas para obtener ventajas económicas con sus proyectos de inversión. Ahora damos a conocer una lacra que distorsiona el funcionamiento del mercado del uso del suelo.
Como cuestión previa decimos que muchos nos han dicho por qué este columnista es la única persona que sistemáticamente aborda situaciones de prácticas indebidas en la explotación del recurso suelo, contestándoles que ello se hace porque estimamos que las leyes siempre se deben respetar, para que así funcione correctamente el mercado, aclarándoles que son considerables los sujetos e instituciones que conocen muy bien a materia, pero que, para no incomodar a quienes tienen el poder económico, han optado con su silencio tolerar sus abusos, pillerías y competencia desleal.
Con motivo de la emisión del permiso de edificación Nº 12, del año 2016, mal cursado por el travieso Director de Obras Municipales (DOM) de Providencia a la inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, una de las más influyentes socias de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), la Contraloría General de la República en su dictamen Nº 37.606, del año 2017 y otros posteriores, le representó a la alcaldesa Matthei el proceder de su subordinado DOM de apellido Ventura, expresándole que como dicho permiso no se ajustaba a derecho, se debían adoptar las medidas conducentes a subsanar la situación, lo que significaba invalidar el permiso.
Se trata de una mega inversión inmobiliaria, conocida como “Territoria Apoquindo”, construyéndose actualmente en un amplio predio conformado por la avenida Apoquindo, El Bosque Norte, Roger de Flor y Encomenderos, sector conocido como El Golf de la comuna de Las Condes.
La Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales nos manifestó que hace un par de días la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano del Senado resolvió, conforme a propuesta del ministro del ramo, Cristián Monckeberg, dejar en nada el proyecto de ley con el nombre bonito y mentiroso de “integración urbana y social”, aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de agosto de 2019 con 73 votos a favor, 55 en contra y una abstención.
“Hay contribuyentes que tienen más de 2.000 viviendas económicas DL2, por las cuales, como arrendadores, no pagan ni un mísero peso al SII”, advierte Patricio Herman, presidente de la entidad, en una carta enviada al ministro de Hacienda.
Con motivo de las masivas expresiones ciudadanas iniciadas el 18 de Octubre en contra del inicuo neoliberalismo en boga, la desigualdad, la falta de transparencia en las actuaciones del aparato público, abusos de privados en sus ofertas de bienes y servicios en los diferentes mercados, colusiones empresariales para cobrar más dinero a los consumidores, financiamiento ilegal de la política, políticos desvergonzados que piden dinero a las grandes empresas para salir electos en las elecciones y unas cuantas más lacras que todos conocemos, por un lado el gobierno con palabras elegantes ha reconocido que las reglas de los mercados han sido superadas y por otro lado las asociaciones gremiales empresariales también se han hecho un mea culpa, según informaciones divulgadas por la prensa.
“A la luz de su acomodaticia respuesta se procedió con el conocido criterio corporativo de socorros mutuos entre colegas. Para salvar las apariencias dicha Comisión dice que elaboró un instructivo para determinar las inhabilidades, algo muy similar a los cursos de ética que toman los empresarios tramposos”, advierte Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.
En carta dirigida al presidente de la Comisión de Etica y Transparencia de la Cámara de Diputados, Bernardo Berger..
El nuevo texto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) se publicó el 5 de junio de 1992 en el Diario Oficial, gobierno de Aylwin, y desde esa fecha ha tenido innumerables cambios, casi todos para favorecer a la industria inmobiliaria y por ello se justifica plenamente el estallido social iniciado el 18 de octubre pasado.
Dentro de las justificadas demandas de la sociedad civil que claman por justicia social y por el término de los abusos y corrupción de las minorías de nuestro desigual país, nos encontramos con los elevados sueldos que reciben mensualmente y sin atraso alguno, todos aquellos que se desenvuelven en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, puntualizó, por lo pronto, que DOM de Concón deberá paralizar las faenas del proyecto en construcción.
Durante la semana pasada se cumplieron los 30 años del derrumbe del muro de Berlín que Alemania Oriental construyó en esa ciudad para que sus habitantes no se trasladaran a Alemania Occidental. Fue exactamente el 9 de noviembre de 1989 cuando el miembro del Politburó del Partido Socialista Unificado (SED), Günter Schabowski, anunció en una conferencia de prensa, retransmitida en directo por la televisión de Alemania Oriental, que todas las restricciones para viajar al extranjero habían sido retiradas, con la estupefacción, al oír ello, de los otros altos dirigentes de ese partido único que lo acompañaban.
Dentro de las justificadas demandas ciudadanas reflejadas en las protestas están las mejoras de los pensiones que se reciben de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) creadas a través del DL 3.500, instrumento legal que ha tenido en democracia varias modificaciones que han favorecido a esa industria y, como contrapartida, perjudicando los legítimos intereses de los afiliados. (sic).
Los dueños de esas viviendas tienen los siguientes beneficios : 1.- Exención del 20% en el pago de las contribuciones de bienes raíces hasta por 20 años.2.- Descuento del 50% al arancel que cobra el Conservador de Bienes Raíces por inscribir su título de dominio.3.- Reducción en la tasa de timbres y estampillas4.- Exención del impuesto a la herencia y donaciones.5.- En caso de venta, la ganancia está libre de impuesto y6.- Rentas que reciben sus dueños por los alquileres, a perpetuidad libres de impuesto.Como hay que entregar datos duros y actualizados para que así los que deciden se atrevan a resolver, el Servicio de Impuestos Internos (SII) en su Oficio ORD. Nº 2493 del 3 de octubre de 2019, conforme a la ley de Transparencia, le informó a quien firma este opúsculo, cuantos regalones tienen registradas allí más de 50 y hasta más de 2.000 propiedades acogidas al aludido beneficio tributario.
En la cita participó el presidente de la organización, Patricio Herman, y colaboradores directos del secretario de Vivienda.
En mi calidad de lector diario de todos los medios que cubren noticias económicas y financieras, me es sumamente grato felicitar a Estrategia por su permanente línea de apego a la transparencia, verdad y buen juicio para informar a sus lectores en estos 41 años de vida.
La diputada Orsini dijo en un canal de televisión que creía que algunos diputados para sus consumos de drogas tenían relaciones con narcotraficantes, asunto muy grave que fue difundido por toda la prensa. Este columnista estima que la diputada aprovechó el espacio televisivo para estar en primera plana de las noticias y como no dio nombres el asunto quedará en nada, entendiendo que sus colegas difícilmente podrían estar involucrados con esas mafias. Pero, a continuación, dando nombres, sí se evidencia la falta de transparencia y negligencia de estos parlamentarios.