Fraccionando los proyectos de inversión se aumentan las ganancias
Desde hace tiempo estamos publicando columnas de opinión en Estrategia criticando cómo algunos actores de los mercados cometen trampas para obtener ventajas económicas con sus proyectos de inversión. Ahora damos a conocer una lacra que distorsiona el funcionamiento del mercado del uso del suelo.
En efecto, en mayo de 2017 la fundación Defendamos la Ciudad denunció ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) el fraccionamiento del loteo Ciudad de Los Valles, hábil mecanismo utilizado frecuentemente por la industria de la construcción para eludir que los proyectos inmobiliarios se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Posteriormente, en 2018 una concejal de Pudahuel denunció por la misma razón a los loteos Lomas de Lo Aguirre e Izarra de Lo Aguirre junto a una serie de grandes proyectos industriales en esa comuna.
Uno de esos proyectos es el Centro Logístico Lo Aguirre que ocupa un terreno de casi 50 hectáreas, el que carece de análisis de impacto ambiental y tampoco tramitó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la correspondiente consulta de pertinencia de ingreso al SEIA. A modo de comparación, en San Bernardo el proyecto Centro de Distribución El Peñón de Walmart, que ocupa aproximadamente la misma superficie, tramitó y aprobó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El fraccionamiento de los proyectos que ingresan al SEIA está expresamente prohibido en el artículo 11º bis de la Ley Ambiental Nº 19.300.
La municipalidad de Pudahuel ha ignorado hasta ahora las denuncias de fraccionamientos utilizando argumentos bastante pueriles. Por ejemplo, que cada etapa de los loteos es un proyecto independiente del resto y que cada una no cumple los requisitos para ingresar al SEIA o que por aplicación del artículo 1.1.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) los proyectos que obtuvieron permisos de construcción antes de la entrada en vigencia de ese sistema están exentos de hacer análisis de impacto ambiental.
Pero con respecto a esto último, la municipalidad de Pudahuel pareciera que desconoce el dictamen Nº 58.037 del año 2016 de la Contraloría General de la República que restringe la aplicación de ese artículo 1.1.3 de la OGUC al ámbito de las normas de la Ley y su reglamento, que es la OGUC. Argumentos falaces como los mencionados favorecen solo intereses particulares por sobre el interés general que representa el cumplimiento de la ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.
Sobre este tipo de actuaciones municipales non sanctas, en marzo de 2019 el contralor Jorge Bermúdez instruyó una auditoría en esa díscola municipalidad, ello producto de estas y otras evidentes irregularidades en la entrega de permisos de edificación y recepciones definitivas de obras que incluye también el análisis de eventuales conflictos de intereses y faltas al principio de probidad de sus funcionarios "competentes".
Como se entenderá, la tardía acción fiscalizadora de la SMA de noviembre del año 2019 se produjo como una respuesta derivada de la denuncia de mayo de 2017, reiterada en el año 2018, de la fundación Defendamos la Ciudad. En todo caso, vale mencionar que a la SMA le corresponde exclusivamente sancionar la ejecución de proyectos para los que la ley exige una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Con respecto a esa falta de celeridad por parte de la SMA, la fundación Defendamos la Ciudad dio a conocer en su momento el Informe de Investigación Especial Nº 648 del año 2017 de la Contraloría, ente público que ya había advertido a la SMA que no podía demorar tanto tiempo en cumplir las funciones que le asigna la ley.
En las conclusiones del informe de la Contraloría se indica que se debían implementar mecanismos de control en la SMA con el objeto de garantizar que los procesos sancionatorios se inicien de manera oportuna y expedita, algo que evidentemente no ocurrió en el caso de las denuncias de Pudahuel y probablemente en otras tantas. Durante este primer semestre del año 2020 se deberían conocer las sanciones que la Contraloría y la SMA aplicarán a los funcionarios municipales y a las traviesas empresas inmobiliarias que han hecho tremendas fortunas evadiendo el cumplimiento de las leyes.
Por último, respecto a las crudas verdades que manifestó el prestigioso economista Luigi Zingales en su reciente visita a Chile, este columnista estima que ya ha llegado la hora para que los grandes empresarios se pongan las pilas, respetando siempre las reglas del juego fijadas en los diferentes estatutos legales pues así existirá una sana competencia en todos los mercados. Si se produce este milagro ganarán los consumidores y el propio sistema que nos rige.
Patricio Herman
