​¿Qué sucederá con los altos sueldos de los funcionarios públicos ?

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Patricio Herman (columnista)


Dentro de las justificadas demandas de la sociedad civil que claman por justicia social y por el término de los abusos y corrupción de las minorías de nuestro desigual país, nos encontramos con los elevados sueldos que reciben mensualmente y sin atraso alguno, todos aquellos que se desenvuelven en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sobre ello, hemos tomado conocimiento que recién la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados comenzó a tramitar un proyecto de ley para reducir en un 50% los sueldos de aquellos que se desenvuelven en esos 3 poderes del Estado, lo que no les gustó a algunos gremios.

Según un reciente reportaje de la BBC Mundo, los diputados y senadores chilenos, en nuestra opinión algunos casi vitalicios y otros semi ignorantes, son los que tienen los sueldos más altos de todos los países de Latinoamérica.

En todo caso, recordemos que aparte de esos sueldos existen variadas remuneraciones con diferentes y rebuscados nombres que elevan en un alto porcentaje los ingresos de esos abnegados funcionarios del Estado. Claro que estos estipendios, por ningún motivo se pueden comparar con las colosales platas exentas de impuestos que reciben los comerciantes inmobiliarios que alquilan en el mercado miles de viviendas, asunto relatado en columna “A propósito de la protesta, conozca un grotesco privilegio tributario”, publicada en Estrategia el 29 de octubre de 2019.

En el oficio 2493 del 03/10/19 el Servicio de Impuestos Internos (SII) informa que existen unos cuantos contribuyentes que poseen entre 1.000 y más de 2.000 viviendas acogidas al DFL2 de 1959, las cuales por tener pocos m2 de superficie, prácticamente sus propietarios no pagan impuesto territorial y por las rentas que reciben están totalmente exentos de pagar impuestos.

Hemos concluido que algunos de ellos, por la cantidad de inmuebles que tienen, reciben por concepto de arrendamientos al año, sumas del orden de los US$ 10 millones y hasta US$ 14 millones, sin que sus sacrificados contadores se molesten en declarar esas cifras en el formulario que reciben año a año del SII. Si un senador o diputado, considerando todas las regalías monetarias, recibe al año unos $ 250 millones, está claro que esta cifra es insignificante comparada con las mencionadas en líneas anteriores, incluso si las contrastamos con las de los notarios y conservadores de bienes raíces.

A la luz de la Agenda Social y del próximo plebiscito de abril que posibilitará una Constitución democrática y por lo tanto seria y ecuánime, sus constituyentes debieren tener en cuenta que el Estado no puede permitir las indecorosas diferencias tributarias que hemos dado a conocer. Por esta razón, afirmamos con certeza que lo que sucede en Chile, respecto de estos obscenos privilegios que la institucionalidad le entrega a aquellos particulares que arriendan ese tipo de inmuebles, se configura un nuevo record Guinness, claro que este significativo premio resaltando la corrupción imperante.

No sabemos cómo se reducirán ahora los ingresos de los funcionarios públicos, pero estimamos que lo más sano y fácil de calcular sería retrotraerlos a las cifras más la variación del IPC, que existían antes que se conociera el fraude, durante el gobierno de Lagos, cometido con el pago sin respaldo legal, conocido como los sobresueldos del Mopgate. La jueza Gloria Ana Chevesich tuvo una ardua labor, incluso unos funcionarios a la salida del MOP la atacaron con violencia física. La actual ministra de la Corte Suprema concluyó que los engaños al fisco, producto de la sobrevaloración de contratos, ocultamiento de costos y triangulación de dineros, eran cuantiosos.

En aquella época los que ejercían el poder político, de ambos bandos, le decían a la cándida ciudadanía que la mejor manera de atacar la corrupción era aumentar en un alto porcentaje los sueldos de los funcionarios públicos, pues así no se tentarían, y así se hizo, claro que esa lacra en lugar de desaparecer, aumentó exponencialmente pues la codicia era y sigue siendo más fuerte. A los culpables en ese episodio la Justicia no los envió a tomar cursillos de ética en universidades privadas, sino que saldaron sus culpas con presidios remitidos y pagos de multas.

La alegre clase política quiere que sus próximos sueldos sean determinados por el Banco Central, lo que no corresponde, y por ello insistimos que sus próximos ingresos sean ajustados a las menores cifras que tenían antes de conocerse el hurto del Mopgate, tal como lo proponemos en párrafo anterior.  


 Patricio Herman