Patricio Herman



Patricio Herman


Desde hace años estamos criticando a la poderosa y muy influyente industria inmobiliaria porque en su búsqueda de hacer más rentables sus negocios, a través de sus asociaciones gremiales empresariales tienen totalmente capturado al enclenque Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), al cual el gobierno le quiere cambiar el nombre a Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, fusionándolo con el Ministerio de Bienes Nacionales, con algunos propósitos razonables, pero con descabelladas fórmulas para que los inversionistas privados puedan ejecutar sus proyectos inmobiliarios en terrenos fiscales siempre y cuando un cierto porcentaje de las viviendas a construir estén catalogadas con el nombre de integración social.

Conocimos el dictamen Nº 23752 del 9 de julio de 1998 emitido por la Contraloría General de la República, respondiendo un requerimiento del Ministerio de Bienes Nacionales, en el cual se estableció con suma claridad que la facultad de asignar bienes raíces fiscales a los patrimonios de afectación de los servicios de Bienestar de las FFAA, contenida en un artículo transitorio del DFL Nº 1 de 1971, del Ministerio de Defensa Nacional, se encuentra extinguida y como ese organismo fiscalizador había tenido antes un comportamiento zigzagueante sobre este asunto, el contralor de entonces, don Arturo Aylwin, se vio en la necesidad de expresar al final del dictamen que "se deja sin efecto toda jurisprudencia contraria al presente dictamen".

En razón a que los chilenos tenemos muy mala memoria, en pocas palabras diremos como 2 poderosos actores privados se hicieron dueños de las referidas dunas y para ello sucintamente hacemos un poco de historia.

La primera irregularidad sustancial que adolece el citado Anteproyecto, es que las viviendas no califican como “viviendas sociales”. Es decir, se vendió mediáticamente la imagen de “viviendas sociales” para dar a entender a la opinión pública, respecto de un esfuerzo de “integración social urbana”, pero lo cierto es que se faltó a la verdad sobre ello.

      Y, ¡era que no!, el reciente 14/05/19 dicho augusto TC, en votación dividida (6 contra 4), acogió favorablemente el requerimiento del afortunado privado, declarándose la inaplicabilidad por inconstitucionalidad la frase “en lo referido a los anteproyectos aprobados y los permisos otorgados por la DOM”, contenida  en el inciso primero del artículo transitorio de la Ley Nº 20.791. La sentencia fue redactada por el ex diputado UDI Cristián Letelier. Como vemos, un estupendo traje a la medida confeccionado por 6 jueces que valoraron más los intereses comerciales del privado que las disposiciones legales que existen en línea con la planificación urbana en las ciudades y por ello, en el título de esta columna, comparamos al Tribunal Constitucional con el conocido mago que, en su exhibición ante el público, saca el conejo de su sombrero de copa.  Patricio Herman

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, informa en exclusiva a Estrategia que el caso de los Inmuebles tipificados como Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF).

El martes 14 de mayo pasado asistimos al seminario “Corrupción en América Latina : ¡Basta!” realizado en la Universidad de Chile y organizado por la fundación Espacio Público y el Instituto de Asuntos Públicos de dicha universidad estatal, ello con motivo del lanzamiento en nuestro país de un Informe del Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para Latino América y el Caribe, elaborado por 8 especialistas de distintas nacionalidades.

Recientemente la asociación gremial empresarial que tiene el primer lugar en las acciones de lobby, la Cámara de la Construcción, al igual que Friedman promotora del capitalismo, tuvo un evento que reunió a la flor y nata de los principales actores del mercado, con la presencia, ¡era qué no!, del propio Sebastián Piñera, quien prefiere no pagar los tributos territoriales de su casa en el algo Caburgua, y allí su avispado líder gremial aprovechó la instancia para pedir políticas públicas a favor de su sector.

En los últimos días se han publicado noticias sobre la venta de un exclusivo terreno en Las Condes en US$ 120 millones que concretará el Ejército, señalándose además que en el año 2016 esa institución militar ya había enajenado a un privado en US$ 46 millones otro terreno en el mismo sector. El negocio se sustenta, según el Ejército, en la condición de Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF) que tiene el terreno.

A continuación, en pocas palabras describimos sendos comportamientos algo pícaros, no divulgados por la prensa del establishment, de los 2 personajes cuyos apellidos se aprecian en el título de este sucinto relato, ambos actualmente en viaje de negocios en China y Corea del Sur. A todo esto fue un tanto abusivo que Piñera haya invitado a este periplo, con todos los gastos pagados por el Estado, a sus 2 dilectos hijos empresarios.