Patricio Herman



Patricio Herman

Quien firma esta columna sabe que los grandes empresarios inmobiliarios tienen como motivación esencial en sus proyectos de inversión la acumulación de riqueza y para ello utilizan cualquier resquicio o fórmula interpretativa para obtener ventajas, práctica que tiene el rótulo de “agresividad” en la explotación del recurso suelo.

Leyendo ciertos documentos oficiales pudimos saber que desde el año 1970 se está abordando el tema de la mala calidad del aire en Santiago y mediciones efectuadas entre los años 1977 y 1980 determinaron que el llamado smog en esa época superaba en 4 veces los límites permisibles.

El gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), envió a la Contraloría General de la República, más adelante la Contraloría, el Decreto Supremo (DS) Nº 14 de fecha 18 de abril de 2019, firmado por el presidente Piñera y el ministro Monckeberg, instrumento que intentaba modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) buscando que el ente fiscalizador tomara razón del mismo.

Todos conocemos el burlesco episodio de las viviendas de Piñera en el lago Carburgua, por las cuales durante muchos años no pagó contribuciones de bienes raíces. Sus abogados manifestaron que recién el año en curso don Sebastián supo que debía cumplir con este tributo y al respecto recapitularemos, diciéndole qué tiene que hacer para pagar contribuciones de muy reducida cuantía.


Desde hace años estamos criticando a la poderosa y muy influyente industria inmobiliaria porque en su búsqueda de hacer más rentables sus negocios, a través de sus asociaciones gremiales empresariales tienen totalmente capturado al enclenque Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), al cual el gobierno le quiere cambiar el nombre a Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, fusionándolo con el Ministerio de Bienes Nacionales, con algunos propósitos razonables, pero con descabelladas fórmulas para que los inversionistas privados puedan ejecutar sus proyectos inmobiliarios en terrenos fiscales siempre y cuando un cierto porcentaje de las viviendas a construir estén catalogadas con el nombre de integración social.

Conocimos el dictamen Nº 23752 del 9 de julio de 1998 emitido por la Contraloría General de la República, respondiendo un requerimiento del Ministerio de Bienes Nacionales, en el cual se estableció con suma claridad que la facultad de asignar bienes raíces fiscales a los patrimonios de afectación de los servicios de Bienestar de las FFAA, contenida en un artículo transitorio del DFL Nº 1 de 1971, del Ministerio de Defensa Nacional, se encuentra extinguida y como ese organismo fiscalizador había tenido antes un comportamiento zigzagueante sobre este asunto, el contralor de entonces, don Arturo Aylwin, se vio en la necesidad de expresar al final del dictamen que "se deja sin efecto toda jurisprudencia contraria al presente dictamen".

En razón a que los chilenos tenemos muy mala memoria, en pocas palabras diremos como 2 poderosos actores privados se hicieron dueños de las referidas dunas y para ello sucintamente hacemos un poco de historia.

La primera irregularidad sustancial que adolece el citado Anteproyecto, es que las viviendas no califican como “viviendas sociales”. Es decir, se vendió mediáticamente la imagen de “viviendas sociales” para dar a entender a la opinión pública, respecto de un esfuerzo de “integración social urbana”, pero lo cierto es que se faltó a la verdad sobre ello.

      Y, ¡era que no!, el reciente 14/05/19 dicho augusto TC, en votación dividida (6 contra 4), acogió favorablemente el requerimiento del afortunado privado, declarándose la inaplicabilidad por inconstitucionalidad la frase “en lo referido a los anteproyectos aprobados y los permisos otorgados por la DOM”, contenida  en el inciso primero del artículo transitorio de la Ley Nº 20.791. La sentencia fue redactada por el ex diputado UDI Cristián Letelier. Como vemos, un estupendo traje a la medida confeccionado por 6 jueces que valoraron más los intereses comerciales del privado que las disposiciones legales que existen en línea con la planificación urbana en las ciudades y por ello, en el título de esta columna, comparamos al Tribunal Constitucional con el conocido mago que, en su exhibición ante el público, saca el conejo de su sombrero de copa.  Patricio Herman

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, informa en exclusiva a Estrategia que el caso de los Inmuebles tipificados como Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF).