Patricio Herman
Patricio Herman respondió a la carta emitida ayer por Inmobiliaria Miradores de la Dehesa respecto a un proyecto que desarrolla en la comuna de Lo Barnechea, Santiago.
Desde hace algunos años la ciudadanía está más informada y por ello ha estado haciendo valer sus derechos urbanos en las instancias administrativas y judiciales, pues muchos actores inmobiliarios han obtenido, de parte de las Direcciones de Obras Municipales (DOM), innumerables permisos de edificación contrarios a derecho, lo que ha significado la emisión de unos cuantos de dictámenes de la Contraloría General de la República y fallos de la Corte Suprema, que han establecido las ilegalidades de esos permisos. El caso más bochornoso es el conocido como los guetos verticales edificados con aproximadamente 60 permisos ilegales en la comuna de Estación Central.
Como consecuencia de las demandas ciudadanas de la comuna de Ñuñoa, el alcalde Zahri tomó la razonable decisión de modificar el otrora permisivo Plan Regulador Comunal (PRC), reduciendo y por lo tanto perfeccionando en función de las comunidades, las normas de edificación en dicho instrumento urbano en algunos sectores. Ese cambio está vigente desde el 30 de agosto de 2019, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial.
“Se le recordó al ministro que, tanto la Seremi como la División de Desarrollo Urbano de su ministerio, como la Contraloría General de la República y recientemente la Corte Suprema, han resuelto que los edificios en altura con agrupamiento continuo en zonas urbanas donde no exista un Plan Regulador Comunal, lo que sucede en la especie, son ilegales”, apunta la misiva.
Todos sabemos que el 14 de agosto pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley denominado eufemísticamente de “integración social y urbana” pero que en realidad es un vulgar traje a la medida de las más poderosas inmobiliarias del país, es decir, las que tienen capacidad económica para adquirir terrenos que se someterán a mejoras urbanísticas decididas discrecionalmente, ya sea por el ministro de Vivienda y Urbanismo, su Seremi y por el jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) de ese ministerio. Vemos entonces que las reglas del juego contenidas en todos los Planes Reguladores Comunales serán letra muerta por resoluciones absolutamente centralistas y autoritarias.
Patricio Herman, de la citada fundación, consignó que respetuosos de la institucionalidad acatamos los fallos judiciales, pero el permiso de edificación de marras viola el estatuto legal de Vivienda y Urbanismo.”
La Ley General de Urbanismo y Construcciones dice que “El Secretario Regional de Vivienda y Urbanismo podrá, fundadamente y con auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario, ordenar la paralización y, por resolución fundada, la demolición total o parcial de las obras que se ejecuten en contravención a los planes reguladores o sin haber obtenido el correspondiente permiso municipal, con el solo informe del Director de Obras Municipales respectivo, quien deberá emitirlo dentro del plazo máximo de 15 días.
Alcalde Felipe Alessandri: a partir de ahora, con esta mala noticia para su municipio, instruya a sus funcionarios para que se preocupen permanentemente fiscalizando in situ que todas las calles de su jurisdicción estén en buenas condiciones, ya que así se evitarán accidentes y pagos a los peatones que los sufren.
Vecinos de Peñalolén nos entregaron documentos oficiales asociados a un megaproyecto inmobiliario que se desea ejecutar en diversos lotes resultantes de sucesivas subdivisiones de la Parcela N° 10, del ex fundo Quebrada de Macul. Esta iniciativa la impulsa Jorge Peña Vial consistente en 18 edificios habitacionales entre 11 y 15 pisos cada uno y un centro comercial, con una superficie total a edificar de 322.547,1 m2, cuya inversión representa 258 millones de dólares.
A través de la misiva, la entidad consigna que "los dieciséis firmantes, todas personas naturales que conocen muy bien el ámbito de Vivienda, Urbanismo, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente, se ven en la imperiosa necesidad de plantearle a la corporación legislativa (...) una situación que pugna con la probidad, imparcialidad, buena conducta, transparencia y ética en la función parlamentaria."
Sr. Director,El proyecto de ley denominado de integración social y urbana, redactado por el Minvu, con cierto sesgo pro inmobiliario, cuyo propósito es cambiar, mejorando la constructibilidad de las normas urbanísticas de ciertos polígonos de los Planes Reguladores Comunales e Intercomunales del país para posibilitar la construcción de viviendas "integradas", se aprobó recientemente en la sala de la Cámara de Diputados con 73 votos a favor, 55 en contra y una abstención, teniéndose en cuenta que 26 diputados, por distintos motivos, no ejercieron sus preferencias.
Mis sinceras felicitaciones al canal de televisión Meganoticias Reportajes por haber entregado una completa y confirmada información con título “Ejército ganó millones de dólares por arriendo de propiedades fiscales”, las que se observan en un oficio emitido por el Ministerio de Defensa a la Cámara de Diputados, en el que se detalla una larga lista de propiedades bajo la categoría de Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), administradas por el Comando de Bienestar del Ejército, que han sido vendidas o arrendadas y cuyas ganancias, según los denunciantes, uno de los cuales es este columnista, no van al Fisco, sino a las cuentas institucionales.
El presidente de la fundación Patricio Herman, señaló en un comunicado emitido a Diario Estrategia.cl que "en rigor, esos diputados desobedientes no debieron haber haber votado ese proyecto de ley que favorecía sus intereses privados.
El proyecto de ley denominado eufemísticamente de integración social y urbana, redactado por el Minvu, para apoyar la actividad inmobiliaria en ciertos polígonos de todas las ciudades del país, se iba a votar en la sala de la Cámara de Diputados hace unos días atrás pero como su promotor no contaba con los apoyos parlamentarios necesarios, retiró su suma urgencia para analizar la forma cómo plantearlo
La iniciativa del Ejecutivo, que fue aprobada en la Cámara y pasó al Senado, persigue la integración social y la equidad territorial, al tiempo que otorga nuevas facultades al Ministerio de la Vivienda, en materia de planificación de las ciudades.
Sr. Director,Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, informa que el viernes 9 de agosto pasado, dentro del plazo de 30 días, establecido en un auto acordado de la Corte Suprema, los arquitectos y concejales de la Municipalidad de Valparaíso, Daniel Morales y Claudio Reyes, honrando sus profesiones, interpusieron en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, un necesario recurso de protección en contra de ese mal concebido Decreto Supremo 56 del Minvu, ello para que ese acto administrativo sea dejado sin efecto.Sobre este asunto, ya dado a conocer en Estrategia, si los diputados hubieran conocido a tiempo ese acto del gobierno debieron haber interpuesto, dentro de ese mismo plazo, un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, pero como no lo hicieron, cobra mucha importancia la acción judicial ejercida por los concejales Morales y Reyes.
El presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, se refirió a “la derrota del gobierno respecto del proyecto de ley del Minvu sobre las viviendas integradas, teniéndose en cuenta el DS Nº 56 del 10/07/19, cuerpo reglamentario ligado íntimamente a ese frustrado proyecto de ley”, acotó el profesional.
Por falta de diputados que lo apoyaran, ayer miércoles no hubo votación en la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley que favorecía a las inmobiliarias, advierte la fundación encabezada por Patricio Herman.
Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad se refirió a través de un escrito dirigido a los diputados al alcance del Proyecto de ley sobre integración social y urbana, cuya votación está prevista para este miércoles.
Leímos en el diario La Tercera del domingo 04/08/19 la carta "Un conflictivo informe" firmada por Patricio Gross, Javiera García y Francesco di Girolamo, denunciando que un abogado que se desempeña actualmente como abogado integrante de la Corte Suprema y ex ministro titular de la misma instancia judicial, haya elaborado un Informe en Derecho a favor de una inmobiliaria que obtuvo un permiso de edificación cuestionado por los vecinos del barrio Américo Vespucio Sur y Renato Sánchez, comuna de Las Condes, ello pues el caso deberá ser resuelto por la misma Corte Suprema.