Con el objetivo de fortalecer la seguridad de niños, niñas y adolescentes que viven en residencias del Servicio de Protección Especializada, el proyecto de ley sobre medidas de resguardo contra la explotación sexual infantil propone nuevas facultades para enfrentar situaciones de riesgo grave.
La iniciativa responde al aumento de las vulneraciones que afectan a menores bajo cuidado residencial. Entre 2022 y 2025, los procedimientos asociados a explotación sexual aumentaron un 80%, los vinculados a delitos contra la vida crecieron un 165% y aquellos que identifican a terceros de la comunidad como presuntos agresores subieron un 71,5%.
¿Qué medidas contempla el proyecto?
La propuesta establece nuevas herramientas legales para los directores de residencias de administración directa y de colaboradores acreditados, permitiéndoles actuar frente a amenazas graves, incluido el ingreso de personas ajenas a los establecimientos.
Estas facultades podrán aplicarse únicamente cuando sean estrictamente necesarias y no existan otras alternativas para evitar el riesgo. No podrán utilizarse como castigo ni implicar tratos crueles o degradantes.
Supervisión y protección especializada
El proyecto también contempla mecanismos de control para garantizar la correcta aplicación de las medidas.
Los directores regionales podrán revisar, modificar, suspender o finalizar las restricciones, mientras que la Dirección Nacional monitoreará su implementación. Además, los tribunales de familia realizarán visitas de revisión.
La iniciativa se complementa con las acciones de prevención, búsqueda y atención especializada del plan Chile Cuida a los Niños, con el propósito de fortalecer la protección de quienes se encuentran bajo cuidado residencial frente a situaciones de especial vulnerabilidad.
