Proyecto
La iniciativa, según explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El proyecto de ley eleva a $500 mil el ingreso mínimo mensual en julio de 2024, con gradualidad.
La propuesta es la innovación más relevante en materia de descentralización fiscal de las últimas décadas, y habilitará a las regiones para que tomen más decisiones presupuestarias y de forma más directa sobre sus propios recursos.
La iniciativa, que ahora será analizada por la Comisión de Hacienda del Senado, crea un impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la gran minería, y modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto que fluctuará entre 8% y 26% del margen operacional de las grandes empresas mineras productoras de cobre.
El mecanismo recién aprobado permite que cuando los montos del impuesto a recuperar sean negativos, se pueda suspender su pago e imputarlos contra crédito en los meses en que el monto a recuperar sea positivo.
Medidas están focalizadas en la clase media pues la mayoría de los contribuyentes que podrían acceder se encuentran en los tramos de impuestos inferiores.
Gracias a esta iniciativa, las alzas de alrededor un 40%, comunicadas por la Comisión Nacional de Energía, finalmente no afectarían a las familias de nuestro país
En votación dividida, la moción fue respaldada. El sentido de sus autores es que las decisiones de este tipo se adopten como una "política de Estado con un alto nivel de consenso".
El Ministerio de Hacienda informó que ha ingresado indicaciones al proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal, que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, buscando profundizar las materias que aborda la iniciativa.
Proyecto establece una Pensión Garantizada de $185 mil tanto para los beneficiarios del pilar solidario antiguo como de otros sistemas que no tenían acceso, y para los activos mayores de 65 años que cumplan con los requisitos, beneficiando a un total de 2,4 millones de personas. La PGU complementará los ahorros previsionales individuales, de manera tal que será un piso sobre el cual recibirán, además, su pensión autofinanciada.
El Ministerio de Hacienda informó ayer que el proyecto de Nueva Responsabilidad Fiscal fue aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, tras lo cual pasará a la Sala.
Gracias al apoyo de un sector republicano en la Cámara de Representantes.
La propuesta de ley, complementaria a otra ya en trámite, viene a dar respuesta a una solicitud de diputadas y diputados en orden a establecer esta materia por la vía legal y no meramente administrativa.
La propuesta otorga mayor protección a las pymes, prohibiendo la celebración de acuerdos con grandes empresas que alteren el plazo de pago de treinta días, salvo que estos sean en beneficio de las primeras, en su calidad de acreedoras.
La iniciativa fue aprobada en votación dividida y ahora la Cámara de Diputados debe pronunciarse sobre los cambios que le introdujo el Senado.
La propuesta iniciada en mensaje cuenta con discusión inmediata. La idea es postergar el pago de compromisos, recuperar ingresos en forma anticipada y facilitar el acceso al crédito.
Tomando en consideración el actual contexto de crisis social y su afectación al accionar de las pymes, la propuesta aprobada elimina el periodo transitorio de 24 meses y entrega vigencia al sistema de pago a 30 días a contar del tercer mes de publicada la ley.
Debido a que el Ejecutivo no ingresó las indicaciones a esta iniciativa, los parlamentarios de la Comisión de Trabajo pidieron más tiempo para realizar audiencias. Por lo que, durante la sesión, se retiró la urgencia a la tramitación del proyecto de ley.
La iniciativa establece un subsidio mensual de $49.000 a aquellos trabajadores y trabajadoras con remuneraciones brutas de $301.000, que disminuye gradualmente hasta llegar a cero para quienes tienen remuneraciones de $370.000.
Así lo expresó el secretario de Minería luego que la Cámara de Diputados decidiera rechazar el artículo que proponía declarar de interés nacional toda operación emanada de la explotación del litio, cuyo titular del contrato de operación sea persona natural o jurídica.