En el marco de la discusión y votación de las Solicitudes de Resolución, la Sala aprobó esta semana tres peticiones remitidas al Presidente de la República.
La primera de ellas corresponde a la Resolución 73, impulsada por el diputado Carlos Carvajal, representante de la Región de Tarapacá. En ella propone establecer un feriado en cada región del país, con el objetivo de fortalecer las identidades locales, reconocer sus tradiciones y promover el turismo y la actividad económica de los territorios.
En ese contexto, solicita al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que reconozca el interés nacional de que cada región de disponer feriados regionales propios. Esto permitiría, por ejemplo, reconocer como feriado el día de la festividad de San Lorenzo de Tarapacá, que se celebra cada 10 de agosto y reúne a miles de peregrinos, constituyendo una de las principales expresiones culturales y religiosas del norte del país.
Por su parte, la Resolución 74 solicita al Primer Mandatario adoptar medidas administrativas y legislativas para implementar una exención temporal del impuesto al valor agregado (IVA) en la compra de viviendas nuevas. Además, plantea crear un programa denominado “Compra tu Vivienda sin Pie”, a través de financiameinto del BancoEstado. Y, en ese marco, armonizar estos beneficios con la normativa vigente en materia de reactivación económica.
El promotor de esta iniciativa es el diputado Roberto Arroyo, representante de la Región del Biobío, quien sostuvo que la propuesta constituye una alternativa viable para enfrentar la crisis habitacional y dinamizar el mercado inmobiliario. Asimismo, planteó la necesidad de establecer mecanismos de fiscalización y límites claros que permitan focalizar los beneficios en los sectores medios y emergentes.
Por último, la Sala respaldó la Resolución 75, impulsada por diputados de la Bancada Republicana, que condena la agresion sufrida por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en dependencias de la Universidad Austral, en abril pasado.
En ese contexto, solicita que el Ministerio de Educación revise y fiscalice el cumplimiento de las obligaciones de las instituciones de educación superior en materia de resguardo del orden y la seguridad, exigiendo protocolos claros de prevención y sanción frente a hechos de violencia.
