Los plazos para adjudicar proyectos de infraestructura mediante concesiones casi se han duplicado: pasaron de 7,8 meses promedio entre el llamado a licitación y la adjudicación (1992–2006) a 15,8 meses desde 2007. Así lo revela el nuevo Reporte “Inversión en Infraestructura Pública vía Concesiones 1993–2025” del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), que documenta US$23.418 millones invertidos en tres décadas y advierte que ese monto anual debería cuadruplicarse —hasta cerca de US$4.000 millones— para sostener el desarrollo del país.
El reporte —que utiliza información oficial de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y del Banco Central— detalla que la inversión materializada mediante concesiones se ha concentrado principalmente en infraestructura vial, con una progresiva diversificación hacia aeropuertos, hospitales, recintos penitenciarios, transporte público y embalses, entre otros.
El informe señala que existe espacio para recuperar mayores niveles de inversión y plantea que las concesiones deberían llegar a representar entre 1,2% y 1,5% del PIB. Alcanzar el 1,2% implicaría alrededor de US$4.000 millones anuales, unas cuatro veces la inversión de 2025. Para ello, propone fortalecer la institucionalidad, mejorar la identificación y priorización de proyectos y ampliar el uso de concesiones hacia nuevas necesidades de infraestructura, especialmente en regiones.
Además, advierte que si no se crean nuevos mecanismos de Asociación Público-Privada, la industria tenderá a concentrarse en las relicitaciones de proyectos existentes. En los últimos cinco años, de las 29 licitaciones realizadas, 17 (59%) correspondieron a proyectos nuevos y 12 (41%) a relicitaciones. El reporte también plantea diversificar la infraestructura concesionada —hoy centrada en autopistas, hospitales y aeropuertos— hacia áreas como la gestión y el procesamiento de residuos.
Asimismo, el documento indica que la Región Metropolitana concentra el 50% de la inversión total, por lo que llama a expandirla hacia regiones, fortaleciendo la capacidad de los Gobiernos Regionales para identificar, diseñar y licitar proyectos por la vía de las concesiones. El MOP podría aportar su experiencia técnica, mientras que la responsabilidad política debería recaer en las autoridades regionales.
Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI, afirmó que “el modelo ha sido exitoso en las últimas décadas, pero se requiere una mirada a largo plazo y ampliar la infraestructura para que tengamos ciudades más resilientes, para la seguridad hídrica, transmisión de energía y otras necesidades del país”.
