Después de la tormenta...
Los recientes temporales han dado un respiro a las difíciles circunstancias que enfrentan varias regiones del país. Luego de la tormenta vienen las quejas, la distribución de culpas y la necesaria tarea de limpieza y ordenamiento después de un desastre de la magnitud del ocurrido en el norte. Una tarea de reconstrucción que significa cerca de 500 millones de dólares, cifra que irá en aumento en la medida en que se desaten nuevos frentes climáticos en el mismo norte o en otras regiones del país. Queda aún bastante invierno, y es cada vez más evidente que el país no está preparado debidamente para minimizar los enormes costos de las desgracias que acompañan a temporales severos. Por una parte, están los graves costos privados en cuanto a viviendas destruidas total o parcialmente; en su gran mayoría esta desgracia podría haberse minimizado si hubiese prevalecido un debido respeto por la normativa vigente; por ejemplo, las construcciones a orilla de ríos o aquellas en lechos y quebradas secos por años, pero que ahora recobraron una vida activa inesperada. Seguramente con algo de “vista gorda” de la autoridad o bien simplemente pasando por alto las tediosas tramitaciones y permisos, muchas viviendas simplemente han sufrido el embate de los temporales por una responsabilidad compartida entre propietarios y autoridad edilicia. Esta experiencia debe enseñarnos a cumplir con la normativa, y a aplicarla de modo sistemático a como dé lugar.
Pero un segundo tipo de calamidad se ha debido a los efectos de una mala infraestructura de tipo público, especialmente por el diseño e implementación de plazas, parques, calles y avenidas. No son pocos los reportes que dan cuenta de serios problemas con el diseño de calles y avenidas que han conllevado efectos perniciosos para las viviendas y comercio los cuales han sufrido problemas de inundaciones y filtraciones, debido precisamente a problemas derivados de la construcción de un bien publico que no ha tomado en consideración los posibles efectos sobre la propiedad privada. Aquí hay que revisar la forma de tomar las decisiones, los informes técnicos asociados y la responsabilidad legal de las empresas que construyen y de las propias instancias municipales o de otro tipo que autorizan.
Pero existe un tercer ámbito en que se manifiestan los efectos del devastador temporal que ha sufrido nuestro norte: los estragos en cuanto a la infraestructura pública, especialmente caminos y accesos. Las noticias han dado a conocer la existencia de enormes socavones que han ocasionado en carreteras un virtual hundimiento en tramos relevantes. También hay daños en puentes y viaductos por la fuerza de las aguas y por el debilitamiento de sus bases de apoyo estructural, provocando el aislamiento de población y graves obstáculos para el acceso de abastecimientos esenciales. Todo esto debe llevar a revisar la normativa vigente y a determinar su grado de cumplimiento.
Ahora estamos en la etapa que sigue a todo desastre de origen natural y que en Chile hemos transformado en una cierta rutina: contabilizar las pérdidas, asumir el dolor de muchas familias y poblaciones, generar todas las ayudas posibles, y provocar todo tipo de lamentos y atribuciones de culpas sobre lo ocurrido. En esto último se desata un caudal de acusaciones cruzadas, discusiones que no tienen en realidad ningún destino constructivo sino el buscar algunas distribuciones de culpas que en nada contribuyen a enfrentar los problemas contingentes. Poco se escucha sobre el modo de evitar estas cosas hacia el futuro, ante nuevas eventualidades climáticas como las vividas recientemente, mejorando las tareas de prevención y forzando a que las municipalidades cumplan efectivamente con su rol regulador en materia de desarrollos de infraestructura, así como las instancias ministeriales en los asuntos que les compete en materia de infraestructura mayor. Enfrentados ahora a la tarea de reconstruir, ojala no suceda aquello que observamos en los últimos incendios forestales: las soluciones se han postergado de manera inadmisible y hay aún reclamos por la calidad de las soluciones proporcionadas.
Prof. Luis A. Riveros
Emérito Universidad de Chile
