La cuna de la carrera delictual: Más allá de la edad de imputabilidad
Sr. Director,
La reciente discusión sobre seguridad pública, abordada por el exministro Luis Cordero, pone sobre la mesa una realidad empírica que, para quienes analizamos estos fenómenos desde la ingeniería en prevención de riesgos y la seguridad estratégica, resulta evidente: el debate legislativo sobre la delincuencia juvenil suele estar peligrosamente mal enfocado. Concentrar los esfuerzos únicamente en la rebaja de la edad de imputabilidad es omitir el dato más crítico para cualquier evaluación de riesgo social: el 73% de los menores de 18 años que transitan por una unidad policial ingresan por vulneración de derechos.
Es precisamente en esa vulneración temprana donde el crimen organizado contemporáneo encuentra su principal cantera de reclutamiento. Las estadísticas son claras: el 40% de la población penal adulta actual en nuestro país tiene entre 18 y 29 años. Estas cifras no son casualidad; reflejan trayectorias vitales donde la intervención del Estado llegó tarde, fue ineficaz o careció del soporte familiar necesario.
Hoy nos enfrentamos a un escenario más complejo. Si bien la participación global de menores en el sistema de enjuiciamiento criminal ha disminuido en la última década, la violencia de los ilícitos en los que participan ha aumentado drásticamente. Los jóvenes ya no son meros "soldados" en la cadena delictiva; en delitos de alta connotación como "encerronas" o "portonazos", asumen roles operativos protagónicos, motivados por la búsqueda de estatus, reputación y acceso a recursos que su entorno legítimo les niega.
Frente a este fenómeno, endurecer las herramientas de exclusión penal sin mejorar las vías de interrupción de la carrera delictiva es un error estratégico grave. Si el sistema margina a estos jóvenes sin ofrecer trayectorias de reinserción viables, paradójicamente terminará empujándolos de regreso a las organizaciones criminales, consolidando a estas bandas como su única red de apoyo efectivo.
La respuesta no pasa por renunciar a la sanción de los delitos graves, sino por comprender que la seguridad pública a largo plazo requiere mitigar el riesgo desde su origen, interviniendo con urgencia en esa vulneración inicial de derechos. Evitar que un niño vulnerado se convierta mañana en un riesgo materializado y un infractor violento es, en definitiva, la política de prevención más eficiente que como país podemos adoptar.
Gerardo Gutiérrez Tapia,
Ingeniero Experto en Prevención de Riesgos y Seguridad.
