Google tendrá que pagar 4.125 millones de euros de multa tras perder su última apelación ante la UE por el caso Android
Google tendrá que enfrentarse a la multa de 4.125 millones de euros impuesta por la Comisión Europea por prácticas antimonopolio en el caso Android, tras confirmarse que ha perdido su apelación final.
El máximo tribunal europeo ha desestimado la apelación final de Google y Alphabet, lo que confirma que la tecnológica tendrá que afrontar la multa de 4.125 millones de euros impuesta por la Comisión Europea debido a las prácticas que abusaban del dominio de Android en el mercado móvil.
Estos cargos se remontan al año 2018 cuando la Comisión Europea determinó que el gigante tecnológico abusó de su posición dominante de Android para obligar a los fabricantes de móviles a preinstalar aplicaciones como Google Search y su navegador Chrome para poder incluir la tienda Google Play Store.
Este fallo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cierra un periodo de litigios judiciales que se han extendido a lo largo de ocho años. De hecho, al ser una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la decisión es definitiva e inapelable. Esto significa que el gigante tecnológico no tendrá opciones de recurso.
Por tanto, se tendrá que enfrentar al pago de 4.125 millones de euros, una cifra menor que la multa inicial de 4.340 millones de euros que la Comisión Europea estableció en 2018, y que el Tribunal General de la Unión Europea rebajó en 2022 tras anular parte de las acusaciones relacionadas con acuerdos de reparto de ingresos.
"Android provee más elecciones para todo el mundo y ofrece soporte a miles de negocios. Esta sentencia no reconoce nuestra inversión significativa para asegurar que Android se mantenga abierto, interoperable y gratuito", ha afirma un portavoz de Google a CNBC ante el fallo del Tribunal de Justicia de la UE.
No obstante, esta defensa por parte de Google sobre la apertura de Android contrasta con las críticas que está recibiendo la tecnológica por el nuevo sistema de verificación de desarrolladores que, a partir de septiembre de 2026, exigirá identidad verificada para incluso instalar aplicaciones fuera de Play Store, lo que se ha convertido en un punto de conflicto con varios desarrolladores y organizaciones de código abierto.
Finalmente, las repercusiones futuras de esta sentencia firme del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permitirán presentar demandas civiles independientes citando el fallo como prueba de conducta anticompetitiva, sin tener que probar la infracción desde cero.
