IRE: ¿Limitante al desarrollo o protector del medio ambiente?
Con una tasa de desempleo al 9,4%, la economía chilena enfrenta una encrucijada donde la inversión privada se posiciona como el motor indispensable para la creación de empleos de calidad. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) está bajo escrutinio porque la eficiencia técnica está retrasando miles de puestos de trabajo.
Según información recabada de la página del Servicio de Evaluación Ambiental -SEA-, 681 proyectos han finalizado su proceso con la evaluación de “No Calificados” por falta de información relevante o esencial -IRE-. Esta figura implica un término anticipado del procedimiento.
Para explicar con detalle esta figura, es necesario primero presentar los diferentes estados en que se puede encontrar un proyecto o actividad dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -SEIA- que pueden ser: (i) No admitido: rechazo rápido por falta de antecedentes mínimos. (ii) No calificado: término anticipado por falta de IRE (30 días para DIA, 40 para EIA). (iii) Desistido: retiro voluntario para reformular el diseño. (iv) Rechazado: fallo final que prohíbe la ejecución por incumplimientos.
La facultad de poner término anticipado a un procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental, surge cuando un proyecto carece de información relevante o esencial, que no puede ser subsanada mediante aclaraciones o rectificaciones.
Según los instructivos vigentes del Servicio de Evaluación de Ambiental (SEA), esta medida busca elevar el estándar de información desde el ingreso al sistema.
Se entiende por información relevante aquello indispensable para la comprensión del proyecto como una unidad.
Por otro lado, la información esencial es la necesaria para asegurar que los impactos y circunstancias ambientales estén debidamente identificados, junto con sus respectivas medidas de mitigación o reparación.
A abril de 2026 hay 392 proyectos calificados con una inversión estimada de US$102.192 millones. Aproximadamente 214.000 empleos (construcción y operación) podrían crearse, pero dependen de resoluciones administrativas. Se estima una pérdida diaria de US$3,4 millones por demoras, equivalente a 0,58% del PIB.
El término anticipado se aplica cuando faltan datos indispensables o cuando no se identifican adecuadamente impactos y mitigaciones. Se ejecuta dentro de los primeros 30 días para DIA o 40 para EIA. Aproximadamente 28,1% de los proyectos en calificación presentan retrasos significativos frente a sus medianas históricas.
Los proyectos de Energía concentran el 35% de los atrasos (39 proyectos), a menudo por caracterización deficiente de líneas de base biológica en líneas de transmisión. En el caso de proyectos mineros (17 proyectos atrasados), los retrasos se identifican por proyectos de Adaptación Operacional, que se refieren a casos que agrupan múltiples obras complejas bajo una sola evaluación, lo que a menudo deriva en solicitudes de término anticipado por IRE. Por último, proyectos de Infraestructura hidráulica e inmobiliaria destacan por ser el mayor empleo potencial en riesgo.
Sin embargo, el mayor problema a la fecha, lo encontramos en la gestión pública. Un hallazgo crítico en la ineficiencia del sistema es la intervención de los Organismos de Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA). En el último año, el SEA debió descartar 660 observaciones por ser improcedentes, formuladas por 165 instituciones distintas. El 43% de estas observaciones fueron desechadas o, por que no eran de competencia del organismo o no eran de carácter ambiental. Municipalidades (32%) y SEREMIs (29%) lideran estas solicitudes impertinentes, exigiendo a menudo compromisos laborales o sociales que, aunque legítimos como política pública, no forman parte de la evaluación ambiental y solo dilatan los plazos de inversión y contratación.
Las propuestas para impulsar desarrollo y empleo se ven en: (i) Tecnología y análisis IA: Uso de análisis comparativos de Informes Consolidados de Evaluación (ICE) con IA para elevar estándares y reducir IRE. (ii) Ingreso en dos etapas (Scoping): Fase inicial con términos de referencia vinculantes, seguida de una etapa técnica predecible. (iii) Rectoría técnica del SEA: Fortalecer al SEA para filtrar observaciones externas que no correspondan a normativa ambiental. (iv) Estandarización de proyectos tipo: Normas técnicas para proyectos recurrentes de baja complejidad que podrían aprobarse con una declaración jurada, liberando recursos para evaluar grandes proyectos generadores de empleo.
En conclusión, La IRE debe ser un estándar de excelencia, no una barrera insalvable. Con una gestión administrativa más ágil y menos discrecional, los US$102.192 millones de inversión podrían convertirse en obras y empleos reales para miles de familias chilenas, manteniendo al medio ambiente como prioridad sin sacrificar el crecimiento económico.
Gonzalo Perez Cruz
Abogado Senior Molina Matta Asociados.
