La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo entrega a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda del informe titulado Public Service Review of Chile. El documento técnico fue desarrollado por el organismo internacional a solicitud del Ejecutivo, con el objetivo de analizar la actual situación del empleo público en Chile, para que sus recomendaciones puedan ser utilizadas para mejorar la gestión pública nacional.
El análisis aborda la estructura del empleo en el sector público, gobernanza y prácticas de gestión que actualmente se ejecutan en el Gobierno Central. Para esto, a inicios de septiembre del año pasado una comisión de representantes de la OCDE visitó las dependencias de Dipres y llevó a cabo una ronda de entrevistas durante tres días para ahondar en el quehacer del trabajo público en Chile.
Durante estas jornadas, se convocó a autoridades de Dipres, tanto funcionarios de la actual administración como de períodos anteriores; representantes de la Dirección Nacional del Servicio Civil; representantes de la Contraloría General de la República; encargados de los departamentos de recursos humanos de diferentes instituciones públicas; representantes del Consejo Asesor para la Modernización del Estado; representantes de los funcionarios públicos a través de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); y académicos e investigadores vinculados con la temática.
Tras esta investigación in situ, el organismo internacional propuso recomendaciones centradas en el desarrollo de una arquitectura común de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la movilidad y la mejora de la gestión del desempeño.
En el estudio se destaca que Chile posee un sistema de empleo público fragmentado, en el que coexisten tres modalidades contractuales: planta, contrata y honorarios, que a menudo divergen de su intención legal original. Frente a esta fragmentación, dice el informe, se generan inequidades y se dificulta una gestión coherente de los recursos humanos a nivel de todo el Gobierno Central.
A esto se suma la carencia de un sistema común de clasificación de empleos públicos: actualmente Chile no cuenta con un lenguaje común para describir roles entre sus más de 250 servicios. Ello trae el consiguiente desafío de implementar una arquitectura de puestos en los servicios públicos para lograr administraciones más estratégicas y transparentes, lo que se podría llevar a cabo -según la OCDE- mediante el Servicio Civil. Además, esto limita la movilidad horizontal dentro del sector público, -es decir, la flexibilidad para que un funcionario pueda cambiarse de un servicio a otro ejerciendo labores similares- y fomenta una competencia interna por talento basada más en el salario que en el desarrollo de habilidades.
Frente a esto, entre las recomendaciones del organismo se encuentra fortalecer el rol del Servicio Civil en la coordinación del desarrollo de una arquitectura de puestos en el Gobierno Central, empezando con un pilotaje para cargos en áreas transversales, tales como Gestión de Personas o Tecnologías de la Información, y alineándolo con los procesos de selección de personal. El informe recomienda también el desarrollo de políticas públicas que permitan mayor movilidad horizontal de los funcionarios públicos, definiendo claramente sus objetivos, tarea que puede ser mandatada al Servicio Civil. Además, respecto de la movilidad vertical, entendida como los criterios para la promoción dentro de un mismo servicio público, proponen vincularlo no solo a la antigüedad, sino también al mérito y al desarrollo de competencias.
Finalmente, el documento recalca el fortalecimiento de la gestión de desempeño como desafío, y recomienda simplificar las escalas de calificaciones, crear mecanismos que promuevan una cultura de aprendizaje continuo en lugar de cumplir con trámites administrativos, y fortalecer la capacitación de los directivos para mantener conversaciones de retroalimentación significativas.
El documento constata que, si bien en Chile existen marcos legales y procesos de evaluación obligatorios, el sistema actual sufre de una "inflación de calificaciones". Por ejemplo, para marzo de 2025, el 98% de los funcionarios estaban en la lista de distinción máxima, lo que impide identificar tanto el alto rendimiento real como el bajo desempeño que requiere apoyo.
Todo esto, al requerir cambios significativos, podría abordarse como una iniciativa a largo plazo que incluya nuevos estándares de medición únicos para todo el sector público, mecanismos transversales de evaluación, además de identificar y fomentar el alto desempeño al interior de los servicios, entre otros, sugiere la OCDE.
El informe completo se encuentra disponible aquí.
