Este mes de enero de 2026 marca un hito histórico para la gobernanza global y para nuestra identidad como nación oceánica. Con la entrada en vigor del “Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas situadas fuera de la Jurisdicción Nacional”, conocido como BBNJ en sus siglas en inglés (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) o como “Tratado de Alta Mar”, el mundo inaugura un marco jurídico para el 64% de los océanos que hasta hoy permanecía en una suerte de "lejano oeste" normativo. Para Chile, poseedor de una de las zonas económicas exclusivas más vastas del mundo, este tratado no es solo un compromiso ambiental, sino un imperativo de soberanía y seguridad estratégica.
Chile no llega a este escenario desde cero. Hemos construido un liderazgo sólido a través de nuestras Áreas Marinas Protegidas (AMP) en territorios insulares, que sirven hoy como referente para lo que el BBNJ busca replicar en alta mar. Parques como Motu Motiro Hiva (cerca de Rapa Nui), el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos en el Archipiélago de Juan Fernández y el Parque Marino Nazca-Desventuradas, han demostrado que es posible conciliar la conservación de ecosistemas únicos con la identidad local.
Estas zonas son verdaderos laboratorios de resiliencia climática. Sin embargo, su eficacia siempre ha estado limitada por lo que ocurre "fuera de la reja": en la alta mar circundante. La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar permite finalmente conectar estas islas de protección con corredores biológicos internacionales, asegurando que las especies migratorias que sustentan nuestros ecosistemas insulares no sean diezmadas apenas crucen la frontera de las 200 millas.
Uno de los mayores desafíos del BBNJ es la fiscalización. Si bien la vigilancia satelital y el uso de inteligencia artificial, que contribuyen a visualizar patrones asociados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), son herramientas indispensables, es tecnología que, por sí sola, no tiene capacidad de detención e identificación. Para que el Tratado de Alta Mar sea efectivo, Chile debe mantener y robustecer las capacidades navales y marítimas de su Armada.
No basta con observar el delito desde el espacio; se requiere capacidad de respuesta en el lugar. Esto implica mantener una fuerza compuesta por buques con capacidades oceánicas (capacidad de alcanzar nuestros territorios insulares oceánicos y permanecer largo tiempo en patrulla), medios de exploración aeromarítima, tripulados y no tripulados, capaces de complementar el trabajo de las unidades de superficie y tecnologías de gestión de datos, para mantener una adecuada y oportuna capacidad de Conciencia Situacional en las inmensidades de nuestros espacios marítimos de responsabilidad.
Sin este músculo, el tratado corre el riesgo de ser solo un catálogo de buenas intenciones.
La oportunidad económica también es tangible. El acceso a los recursos genéticos marinos y la distribución de sus beneficios abren una frontera para la biotecnología chilena. Además, la aspiración de convertir a Valparaíso en la sede de la Secretaría del BBNJ reforzaría nuestra posición como el epicentro de la diplomacia azul en el Pacífico Sur.
Por lo anteriormente expresado, es razonable pensar que, la entrada en vigencia del BBNJ en este 2026 nos exige una visión de Estado que permita proteger la biodiversidad en alta mar, dado que es, en última instancia, la fuente de vida y sustento de nuestras propias costas y comunidades insulares.
El desafío es ambicioso, requiere coordinación entre Cancillería, Ciencias, Medio Ambiente y Defensa, requiriendo el fortalecimiento de procesos y estructuras para garantizar que la ley del mar prevalezca sobre la depredación. Chile ha decidido liderar; ahora debemos asegurar que tenemos las capacidades para que ese liderazgo sea efectivo, soberano y duradero.
Leonardo Quijarro S.
Profesor Residente Academia de Guerra Naval
Docente Investigador del Centro de Estudios Navales y Marítimos (CENAM)
Contraalmirante ( R)
