Bruselas pone condiciones a la inversión extranjera y prioriza el producto europeo en licitaciones públicas

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su nuevo reglamento para reforzar la industria del bloque e impulsar el 'Made in Europe', que introduce requisitos de producción europea en proyectos que reciban financiación pública, además de nuevas condiciones a grandes inversiones extranjeras y medidas para acelerar la autorización de proyectos, con el objetivo de elevar el peso de la manufactura en la economía comunitaria y reducir dependencias de terceros países.

La esperada Ley de Aceleración Industrial se enmarca en la estrategia de Bruselas para reforzar la competitividad frente a la creciente competencia global y la dependencia de proveedores externos, con medidas centradas en sectores considerados estratégicos como las industrias intensivas en energía --acero, aluminio o cemento--, la cadena de valor del automóvil y tecnologías clave para la transición energética como baterías, paneles solares o turbinas eólicas.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario se fija un "objetivo claro": elevar el peso de la industria manufacturera hasta el 20% del PIB europeo en 2035, frente a alrededor del 14% actual. "Sin una base industrial fuerte no hay modelo social europeo, ni transición climática ni autonomía estratégica", ha subrayado el vicepresidente de la Comisión al mando de política industrial, Stéphane Séjourné.

El político francés ha advertido de que las empresas europeas compiten en ocasiones en desventaja frente a algunos rivales internacionales debido a las subvenciones y distorsiones del mercado, en particular en sectores donde países como China concentran gran parte de la producción mundial, por lo que considera necesario reforzar las capacidades productivas dentro de la Unión para garantizar la autonomía industrial del bloque.

Para avanzar hacia ese objetivo, la propuesta plantea utilizar instrumentos como la contratación pública, las ayudas a la compra o las subvenciones directas para impulsar la demanda de productos industriales fabricados en Europa y con menores emisiones, especialmente en proyectos financiados con dinero público. "El dinero del contribuyente debe beneficiar primero a la producción europea y a los empleos en Europa", ha defendido Séjourné.

Entre las medidas previstas, Bruselas plantea que al menos el 25% del acero utilizado en proyectos de construcción y automoción financiados con fondos públicos sea bajo en carbono para 2029. En el caso del aluminio, ese mismo porcentaje deberá cumplir además criterios de producción europea, mientras que para el cemento el reglamento fija un umbral menor, del 5%.

En el sector del automóvil, el texto introduce también requisitos específicos para los vehículos eléctricos, de modo que al menos el 70% del valor de sus componentes --excluidas las baterías-- deberá proceder de la Unión Europea y el ensamblaje final realizarse dentro del bloque.

Además, introduce criterios específicos para determinadas tecnologías vinculadas a la transición energética, como baterías, energía solar, eólica, bombas de calor o electrolizadores. Según ha explicado Séjourné, en algunos casos el reglamento identificará incluso componentes críticos cuya producción deberá localizarse en Europa, como las celdas de batería o determinados elementos de los paneles solares.

El reglamento establece también nuevas condiciones para inversiones procedentes de terceros países en sectores considerados estratégicos para la industria europea. En particular, los proyectos superiores a 100 millones de euros procedentes de lugares que concentran más del 40% de la capacidad mundial de producción en estos ámbitos deberán cumplir determinados requisitos para poder implantarse en la UE.

Entre las condiciones previstas figuran compromisos vinculados a la creación de empleo en Europa, la transferencia de tecnología o el desarrollo de actividades de investigación e innovación en territorio comunitario. Asimismo, se prevé que estos proyectos contribuyan a integrarse en las cadenas de suministro industriales europeas y generen valor añadido dentro del mercado único.

La verificación de estos requisitos corresponderá en primer lugar a los Estados miembro, que serán los encargados de examinar las inversiones notificadas. No obstante, la Comisión podrá intervenir en determinados casos si considera necesario revisar la operación o verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en el reglamento.

La propuesta incluye también medidas destinadas a simplificar los procedimientos administrativos necesarios para poner en marcha nuevos proyectos industriales, de modo que las empresas puedan presentar una única solicitud para iniciar los trámites ante las autoridades nacionales.

Esta solicitud deberá realizarse de forma digital a través de puntos únicos de acceso que coordinen la tramitación entre las distintas administraciones implicadas, siendo las autoridades competentes las encargadas de gestionar internamente el procedimiento y de distribuir la documentación entre los organismos responsables de cada autorización.

El reglamento contempla asimismo la creación de zonas de aceleración industrial que los Estados miembro podrán designar para facilitar la implantación de nuevas instalaciones manufactureras, que permitirán preparar con antelación aspectos como la evaluación ambiental o la planificación de infraestructuras necesarias para el desarrollo de proyectos industriales.

Según la Comisión, este enfoque permitirá reducir los tiempos de tramitación y facilitar la instalación de nuevas plantas en lugares donde ya se hayan analizado previamente las condiciones ambientales y técnicas. Con ello, aclara, se busca atraer inversión, impulsar la descarbonización del sector industrial y reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro europeas.