Solicitar una serie de antecedentes sobre diversas materias, fue del acuerdo que adoptaron los integrantes de la Comisión de Hacienda al dar una primera mirada a la ley que otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios.
Cabe considerar que la propuesta iniciada en mensaje, ya fue despachada por la Cámara Baja, por lo que ahora el Senado deberá dar curso al segundo trámite.
La Comisión de Hacienda continuará el lunes 19 de enero el análisis de la norma con la presencia del Ministro de Hacienda, Nicolás Grau; y la subsecretaria de la cartera Heidi Berner. También en la jornada se escuchará a la contralora Dorothy Pérez; la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides; y a la Asociación de Municipalidades y dirigentes del Hospital Padre Hurtado.
La presidenta de la instancia, la senadora Ximena Rincón informó que ese día se comenzará a votar, de manera que el martes 20 la propuesta sea vista por al Sala.
En la sesión del jueves 15, hicieron uso de la palabra representantes de Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Unitaria, la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, la Central Unitaria de Trabajadores, la Mesa del Sector Público, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Asociación de Empleados Municipales, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales y el Consorcio de Universidades del Estado.
DETALLE
De acuerdo a lo aprobado por las y los diputados, se contempla una primera alza retroactiva del 2,0%, al 1 de diciembre de 2025. Aplicará a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones o no imponibles, de las y los trabajadores del sector público. Luego, a contar del 1 junio de 2026, se otorgará un reajuste de un 1,4%, para llegar así al 3,4% de reajuste total mencionado.
Según el informe financiero, el proyecto, en su conjunto, presenta un costo fiscal de casi 1,6 billones de pesos, incluyendo el pago retroactivo de 2025. Del monto total, poco más de $838 mil millones corresponden al reajuste propiamente tal. A esto se proyecta un gasto de 1,14 billones para el año 2027.
Dentro de sus normas misceláneas, la propuesta contempla variados temas que fueron apoyados por la Cámara Baja. Entre ellos están la postergación del reavalúo de bienes raíces, la rebaja de contribuciones a predios usurpados, eximir del impuesto verde a los vehículos de la PDI, extender del fondo para la reconstrucción de Valparaíso, incentivos al retiro en distintas instituciones y asignación para el personal de guardaparques.
Uno de los temas qué más provocó debate en el primer trámite, fueron las disposiciones referidas a las contratas, las denominadas ‘normas de amarre’ que refieren al principio de la confianza legítima. De esta forma se rechazó que los funcionarios a contrata con dos años de antigüedad pudieran reclamar ante la Contraloría por un despido que consideren injustificado.
Al respecto, el ministro Grau adelantó que repondrán dicha norma en el Senado, pero “estableciendo que los funcionarios a contrata con cinco años de antigüedad puedan efectuar sus descargos”.