Sr. Director:
Se encuentra en la Cámara Baja el proyecto que modifica la Ley 21.040 (Sistema de Educación Pública), materia de especial interés de ambos candidatos presidenciales. La norma es resistida por varios municipios, pues los obliga a ceder sin retribución sus inmuebles educativos a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), al calificarlos como “bienes afectos a educación pública”, figura reciente que permite al Fisco eludir la indemnización. En el caso de colegios adquiridos a título oneroso (con recursos municipales), ello equivale a una “expropiación gratuita” y genera un daño patrimonial considerable, comprometiendo la responsabilidad de los alcaldes en la custodia de los bienes comunales.
Da lo mismo si el municipio compró el terreno y/o construyó con recursos propios o si lo recibió gratuitamente: todo pasa al SLEP sin compensación económica. En la práctica, advierten numerosos ediles, se trataría de una confiscación bajo el título de reforma administrativa.
Cabe esperar que la discusión parlamentaria abra espacio al sentido común y ofrezca alternativas a las comunas que no impliquen el despojo forzoso de bienes que pertenecen a todos los vecinos.
Demetrio V. Benito O.
Asesor Asociación de Municipalidades de Chile. AMUCH
