¿Por qué molesta tanto el nombramiento de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert?

La respuesta es muy simple: porque no se les había ocurrido nombrar en este cargo a un (a) fiscal, con todas las ventajas que esto conlleva y que analizamos en esta columna. En efecto, en el debate público chileno, pocas cosas generan más suspicacia que el cruce entre “persecución penal” y “conducción política de la seguridad”. La designación de Trinidad Steiner como futura ministra de Seguridad ha reactivado un reflejo conocido: la idea de que el paso desde la Fiscalía a un cargo político sería, por definición, impropio o anómalo.

La comparación internacional demuestra exactamente lo contrario. Es frecuente que fiscales o prosecutores sean nombrados en cargos de seguridad en otros países. No se trata de una anomalía comparada, sino de una práctica recurrente en democracias que enfrentan fenómenos complejos de criminalidad organizada, narcotráfico y violencia estructural.

La razón es simple y pragática: cuando la seguridad se transforma en un problema sistémico, los gobiernos dejan de buscar operadores meramente políticos y comienzan a privilegiar “expertise real”, conocimiento del funcionamiento del delito y capacidad de coordinación interinstitucional. En ese contexto, los fiscales no son una rareza; son, muchas veces, el perfil lógico.

Conviene despejar primero una confusión conceptual. El Ministerio de Seguridad no persigue delitos, no dirige investigaciones penales ni imparte órdenes procesales. Esa función sigue siendo -y debe seguir siendo- exclusiva del Ministerio Público: Fiscalía.

La seguridad pública se mueve en otro plano: definición de políticas, conducción política de las policías, coordinación estratégica, prevención, gestión de crisis y rendición de cuentas ante el Congreso.

Justamente por eso, haber sido fiscal no es un obstáculo, sino una ventaja. Un ex fiscal conoce -por experiencia directa- qué funciona y qué no en la cadena penal, dónde se quiebran los flujos de información, cómo operan las organizaciones criminales y cuáles son los límites reales de la acción policial. Ese conocimiento no politiza la seguridad; la vuelve más realista.

En el caso chileno, el nombramiento de Trinidad Steinert no supone una confusión de roles, siempre que -como corresponde- presente su renuncia al cargo de fiscal antes de asumir el ministerio. Hecho ese paso, no existe incompatibilidad jurídica ni constitucional alguna.

Al contrario, su trayectoria aporta tres activos clave para la función que enfrentará.

Primero, “conocimiento estructural del sistema penal”. La seguridad pública no fracasa solo por falta de policías, sino por la descoordinación entre prevención, persecución penal y ejecución institucional. Un perfil proveniente de la Fiscalía entiende esa interfaz crítica.

Segundo, “credibilidad técnica frente a las policías”. En todos los países donde se ha avanzado en reformas policiales, la autoridad civil gana peso cuando acredita comprensión del fenómeno delictual y no solo discurso político.

Tercero, “separación clara entre pasado y función presente”. La renuncia previa al Ministerio Público corta cualquier vínculo institucional, evita interferencias y preserva la autonomía de la Fiscalía. No hay doble rol ni solapamiento funcional.

Haber sido fiscal no deslegitima a una ministra de Seguridad: la prepara. Lo verdaderamente problemático no es que alguien con experiencia real en persecución penal asuma la conducción política de la seguridad, sino que durante años esa posibilidad ni siquiera haya sido considerada por quienes hoy la critican. Cuando la eficacia no nace en el propio sector, se la intenta desacreditar como anomalía institucional.

La seguridad pública es hoy el principal test de gobernabilidad del Estado chileno. Y cuando ese test se enfrenta con consignas, vetos implícitos o purismos tardíos, el resultado es conocido: parálisis, improvisación y pérdida de control territorial. En ese contexto, discutir el origen profesional de una ministra resulta un lujo que el país ya no puede darse.

Francisco José Pinochet Cantwell

Doctor en Derecho

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

LL.M California Western School of Law, USA