En la carrera presidencial comienzan a asomar guiños entre candidatos, especialmente a través de la adopción de propuestas de quienes ya abandonaron la contienda. Entre ellas ha reaparecido la idea de reducir el IVA en determinados productos, presentada en algunos medios como una política social atractiva. Sin embargo, desde la perspectiva de la política pública, esta iniciativa dista de ser una buena decisión.
Las exenciones o rebajas sectoriales del IVA generan distorsiones: afectan la equidad tributaria, crean incentivos indeseados en los mercados y propician presiones de grupos para ampliar estos beneficios. Así, lo que comienza con una rebaja para medicamentos o pañales fácilmente termina extendiéndose a productos agrícolas, manufacturas y un sinfín de rubros adicionales.
Además, desde un punto de vista distributivo, este tipo de medidas es ineficiente y, paradójicamente, perjudica a quienes pretende favorecer. Reducir el IVA a toda la población significa que el Estado deja de percibir recursos que podrían haberse focalizado exclusivamente en los hogares con menores ingresos. Supongamos que se rebaja en 10% el IVA a los pañales, con un costo fiscal hipotético de US$10 millones. Ese monto, distribuido como subsidio directo a las familias más pobres, tendría un impacto real; en cambio aplicado como rebaja general del IVA, termina beneficiando desproporcionadamente a la clase media y a los sectores de mayores ingresos. Este ejemplo —simple pero ilustrativo— ni siquiera considera la complejidad del circuito de transferencias públicas: ¿cuánto de lo recaudado efectivamente se redistribuye y cuánto queda retenido por el propio aparato estatal?
Además, se genera otro efecto negativo: la distorsión en las decisiones de producción e inversión. Las rebajas selectivas de IVA modifican artificialmente la rentabilidad relativa entre sectores, orientando capital hacia actividades privilegiadas por razones políticas y no económicas. El problema es aún mayor cuando se trata de impuestos especiales, que solo se justifican frente a externalidades negativas específicas. Fuera de ese contexto, su uso es difícil de defender.
En suma, estas propuestas se inscriben en una tendencia populista que ya ha causado daños significativos en nuestra economía, tal como ocurrió con los retiros previsionales, cuyos efectos aún se sienten en el encarecimiento del crédito hipotecario, la restricción del acceso a la vivienda para los jóvenes y el debilitamiento del sistema mixto de pensiones.
Las políticas públicas deben evaluar no solo la popularidad inmediata, sino los efectos reales y de largo plazo en la eficiencia económica, la equidad y la estabilidad institucional. Las rebajas sectoriales del IVA no superan esa prueba.
Rodrigo Barcia Lehmann
Profesor Investigador Doctorado en Derecho
Universidad Autónoma de Chile