​Burocracia criminalizada

Recientemente, un imputado formalizado por su participación en un homicidio por encargo, fue liberado tras inconsistencias en su identificación. Se trataba de un miembro activo del Tren de Aragua, organización criminal transnacional vinculada a extorsiones, secuestros y asesinatos selectivos. La consecuencia inmediata: fuga del país por pasos no habilitados.

Todo esto ocurrió a vista y paciencia de instituciones que fallaron en su deber más básico: proteger la vida y la seguridad pública, demostrando un desconocimiento acerca de conductas básicas del crimen organizado.

Una cosa es respetar el debido proceso, y otra muy distinta es someter la justicia a un formalismo absurdo. En este caso, existían elementos materiales, como la audiencia de formalización, la vinculación al crimen. No obstante, una inconsistencia en el nombre fue suficiente para anular la medida más importante que protege a la sociedad: la prisión preventiva. Eso no es justicia. Eso es burocracia criminalizada.

No hablamos de una persona sin antecedentes ni de un delito menor. El imputado estaba vinculado a una estructura criminal transnacional, con métodos violentos y una irrefutable capacidad de fuga. Liberar a un sicario del Tren de Aragua (o cualquier sea la organización criminal), solo por un problema de identificación administrativa, es entregarle a la delincuencia una victoria jurídica sin mérito.

También, debemos recordar que la permisividad implícita que se levanta de un sistema roto y resulta en la libertad de este delincuente, de alta peligrosidad e innumerables recursos, aumenta el riesgo para los testigos, victimas sobrevivientes y personal público probo. Además, deslegitima el trabajo policial y, lo que es aún peor, le dice a la sociedad chilena que la justicia protege al delincuente, por sobre de la víctima.

Debemos tener en cuenta, además, que es una tácita invitación a la continuidad de conductas criminales en nuestro pais, porque cuando el crimen organizado observa que la justicia puede ser burlada con tecnicismos, lo replica. Sabe que puede llevar a cabo sus actos ilícitos y resultar indemne. Este error no es solo un caso aislado: es una grieta estructural que debe cerrarse con urgencia.

Hoy fue una “inconsistencia en el nombre”. Mañana puede ser una coma mal puesta, una fecha incorrecta, o un documento extraviado.

No podemos permitir que la forma anule el fondo, sobre todo porque los chilenos han perdido la confianza en el Estado y estos “errores” solo profundizan esta erosión e incitan al ciudadano a ejercer justicia por mano propia.

Eso no es solo peligroso: es el principio del colapso del Estado de Derecho.

Liberar a un sicario por una “inconsistencia en la identificación” no es justicia. Es impunidad institucionalizada. Es la prueba de que nuestras leyes carecen de pensamiento crítico al ser diseñadas y aún priorizan los procedimientos sobre la realidad criminal y los papeles por sobre la vida. La justicia que no protege a los inocentes y no encarcela a los peligrosos es solo una oficina que resguarda la tradición obsoleta, sin considerar la evolución humana; dándole ventaja a la criminalidad y su ritmo veloz.

Marcela del Sol Hallett
Perfiladora criminal. Magister en Perfilación criminal y psicología forense. Experta en estrategias contra el crimen organizado.