Hasta hace poco, pensar que una empresa pudiera enfrentar cargos penales era impensado. Hoy, es una realidad legal. Los delitos de personas jurídicas permiten que una organización completa sea sancionada por delitos cometidos por sus directivos o trabajadores, cuando hay fallas en la prevención o el delito se comete en su beneficio.
¿Qué delitos entran en esta categoría? La lista es más amplia de lo que muchos creen: estafas, corrupción, lavado de activos, delitos ambientales, infracciones graves a la seguridad laboral e incluso tráfico de influencias. Y las consecuencias no son menores: desde millonarias multas hasta la clausura de la empresa o la prohibición de contratar con el Estado.
Desde Sheriff, plataforma chilena especializada en prevención de riesgos legales, explican que el problema no es solo el delito, sino la falta de controles. Aquí están las cinco señales de alerta que pueden hacer responsable penalmente a una empresa:
1. Falta de controles internos: No contar con un modelo de prevención de delitos (compliance).
2. Participación o conocimiento de la alta dirección: Cuando el delito es cometido o tolerado por líderes de la empresa.
3. Reincidencia o falta de medidas correctivas: Si ya hubo una infracción y no se tomaron acciones.
4. Encubrimiento de información: Intentar ocultar o manipular evidencia del delito.
5. Delegación sin supervisión: Responsables legales que no ejercen control real sobre sus subordinados.
Para prevenir este tipo de situaciones, Sheriff ha desarrollado una solución tecnológica integral que automatiza los procesos de compliance y due diligence. Su plataforma permite analizar en segundos el riesgo de clientes, proveedores y socios comerciales, gracias a asistentes con IA que procesan información en tiempo real desde más de 25 fuentes.
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