Ministerio de Hacienda y Dipres entregan primer balance de sumarios por mal uso de licencias médicas en el Sector Público

(www.Hacienda.cl)

El ministro de Hacienda, Mario Marcel Cullell, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, entregaron un primer balance acerca de los sumarios iniciados por mal uso de licencias médicas en el Sector Público, a raíz de la investigación que hizo pública la Contraloría General de la República, detectando que 25.000 funcionarios salieron del país estando con licencia médica. Informaron que hasta las 21:00 horas del lunes 26 de mayo, 131 instituciones del Gobierno Central ya habían iniciado procesos sumariales, lo que incluye a todos los ministerios.  

Las autoridades recordaron que el informe de la Contraloría constata cerca de 35.585 casos de licencias médicas que corresponden a 25.078 funcionarios en distintas modalidades. Ahora bien, precisaron que, del total de casos informados públicamente por el ente contralor, 12.503 corresponden al Gobierno Central, lo que equivale al 33% de las situaciones detectadas y a 7.990 funcionarios. Cabe recordar que los casos pueden implicar más de una licencia por persona. 

De ese total, en el Gobierno Central se ha iniciado sumario a 6.592 funcionarios. La diferencia con la cifra total de 7.990 se explica principalmente porque hay 1.102 personas que ya no están trabajando en las instituciones públicas involucradas, mientras que hay al menos 272 casos que ya se encontraban en sumario por esta u otra causa. Los 1.102 exfuncionarios, explicaron las autoridades, no salieron necesariamente por una renuncia; pueden haberlo hecho por cese de funciones o por destituciones anteriores a esta coyuntura.  

El ministro Marcel precisó que para el 100% de los casos investigados a nivel de Gobierno Central se debe aplicar sumario administrativo y detalló: "La cifra de sumarios siempre es Gobierno Central, no incluye a las municipalidades ni incluye a las Fuerzas Armadas y de Orden. nos vamos a referir solo a la Administración central, que es aquella sobre la cual como Gobierno, como Ministerio de Hacienda, tenemos responsabilidad. Nosotros no gestionamos ni damos instrucciones a los municipios. Otro tema que es importante tener en cuenta son las características de estos sumarios. Estos son sumarios administrativos, no investigaciones sumarias. La diferencia es que en el caso de un sumario administrativo se debe nombrar a un fiscal y hay todo un procedimiento regulado en la ley; y sobre todo si se citan sumarios que se extienden por mucho tiempo, hay que aclarar que estos son sumarios relativamente simples". 

Finalmente, de este primer balance de los reportes realizados por los servicios, se puede inferir que 1 de cada 10 funcionarios involucrados en estos casos ingresaron al Estado a partir del año 2022, mientras que 9 provenían de años anteriores. 

Por su parte, la directora de Dipres puso énfasis en la recuperación de recursos mal habidos instruida por el Ministerio de Hacienda. “La semana pasada, junto con instruir sumarios solicitamos a todas las instituciones que adopten medidas que permitan reintegrar las remuneraciones indebidamente recibidas durante los periodos de reposo rechazados. Los sumarios son procesos cortos, pero dentro de esta etapa se puede trabajar para reponer los recursos”, detalló. Además, dentro de la calendarización, la autoridad de Dipres mencionó que, una vez que se verifiquen eventuales delitos en contra del Fisco, se entregará toda la información que corresponda al Consejo de Defensa del Estado: “vamos a necesitar el apoyo de las otras instituciones para la recuperación de los fondos del Estado. No es algo que se haga automáticamente, sino que depende de los informes que hagan las instituciones involucradas, el rechazo de las licencias y de las personas responsables de devolver los recursos. Estamos comprometidos con la recuperación de esos fondos”. 

Número de funcionarios por ministerio 

(*) La creación del Ministerio de Seguridad Pública se concretó en 2025, posterior al período contemplado por el informe de Contraloría. 

(*) No considera a poderes autónomos, ni Gobiernos Regionales.