El Estado ya cuenta con una unidad de Gobierno Digital, una Ley de Transformación Digital (21.180), una plataforma transversal con la que se pueden digitalizar procesos (PISEE), un sistema de identificación de personas que intervienen en procesos del Estado (clave única para ciudadanos y FirmaGob para funcionarios públicos) y un plazo perentorio (2027) para que se cumpla el objetivo de la Ley de Transformación Digital respecto de que los trámites digitales sean la norma y los presenciales la excepción. Por lo tanto, el cumplimiento de esta ley le tocará al próximo gobierno, a menos que saquen otra nueva ley para postergar el cumplimiento, como ya hicieron la primera vez, el año 2022, que estableció el plazo de 2027.
Según el sitio Web de Gobierno Digital, a la fecha hay casi 16 millones de Claves Únicas activas para 388 instituciones habilitadas a usarlas en 1.787 trámites del Estado. Hay 319 instituciones del Estado con un Coordinador de Transformación Digital asignado, que pueden liderar proyectos de transformación digital, y que cuentan con manuales para digitalizar paso a paso procesos simples o complejos. Hay 966 oficinas de parte usando documento digital. La contraloría ya tiene en marcha la toma de razón digital.
Me pregunto: si todo esto es así, ¿por qué no se nota? No sé qué pensará el lector, pero en mis interacciones con el Estado muchas veces me surge la pregunta de ¿por qué no lo hacen digitalmente? Ante temas de contingencia política como el fraude de licencias médicas electrónicas, ¿por qué no hay un sistema de inteligencia artificial que lo detecte antes de que se produzca o al momento que se está produciendo? Ante el incremento de la criminalidad me pregunto ¿por qué no usan analítica avanzada para predecir dónde se va a delinquir? Ante la subutilización de hospitales. ¿por qué no tienen un sistema que optimice su uso? Ante la lentitud de los procesos para proyectos económicos, ¿por qué no se usan conjuntamente la IA, los RPA y la analítica avanzada, de forma que el proceso no se detenga por el des criterio de un funcionario que detiene el proyecto por razones absurdas? Y así podría dar docenas de casos.
El próximo gobierno deberá usar todo lo avanzado para dar un paso adelante y realmente sacarle provecho. Cuenta con una muy buena herramienta: el PMG de TI, es decir, el bono que se paga a los funcionarios del Estado por el Programa de Mejoramiento de Gestión. Cuando estuve a cargo de la Secretaría de Desarrollo Digital, lo usé, y me supuso algún que otro enfrentamiento por negarme a darle el V°B° a proyectos que no aportaban nada, pero eso solo fue la primera vez.
Se pueden focalizar los esfuerzos de la Agenda Digital del Estado en la automatización de procesos y en la implementación de sistemas de IA que sirvan para fiscalizar y controlar los fondos públicos y para mejorar la gestión del Estado en aquello mínimo que se supone que el Estado debe dar a los ciudadanos: seguridad, salud, educación, crecimiento económico. En los primeros seis meses se debería contar con un levantamiento pormenorizado de todos los procesos y trámites del Estado que aún no están automatizados, y proponer una Hoja de Ruta que implique tres proyectos al año. En el segundo semestre se debería estar licitando y adjudicando los tres primeros, estableciendo plazos de entrega de máximo 6 meses para los de baja o mediana complejidad, y un año para los de alta complejidad. Considerando que hay 319 coordinadores de Transformación Digital, se podrían automatizar alrededor de 2.500 procesos del Estado, entre los cuales estaría el control de licencias fraudulentas, etc.
No estamos hablando de invertir miles de millones de dólares. Y los ahorros para el Estado por mejoras de gestión y control de fraude harán que recupere muy pronto lo invertido.
Dejo estas ideas para que las tomen ojalá todos los candidatos.
Alfredo Barriga
Profesor UDP