La reciente decisión de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) de solicitar a la PDI los datos de 2,8 millones de trabajadores del sector privado que estuvieron con licencia médica activa entre 2024 y mayo de 2025, marca un punto de inflexión en la fiscalización del sistema. El objetivo es cruzar esa información con registros migratorios para determinar cuántos de ellos salieron del país mientras estaban con licencia. Esta medida, anunciada esta semana, busca detectar posibles fraudes a través del cruce masivo de datos, replicando el modelo que la Contraloría ya utilizó con éxito en el sector público.
Para Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO Inmune , esta decisión representa un avance positivo. “El análisis y cruce de datos que realizará Suceso busca identificar a trabajadores privados que salieron de Chile entre 2024 y mayo de 2025 mientras tenían una licencia médica activa. Esto sin duda es un avance, ya que permite aplicar transparencia y control al uso de las licencias, desincentivando el fraude y protegiendo a quienes realmente están enfermos”.
Desde ALTO Inmune, compañía que presta servicios estratégicos orientados a la disminución del ausentismo laboral en empresas, han advertido del impacto que el uso fraudulento de este instrumento tiene en la sostenibilidad del sistema de salud. “La presión financiera sobre el sistema es insostenible. Se estima que, con medidas de control efectivas, se podrían ahorrar más de 800 millones de dólares al año. Recursos que deberían estar destinados a quienes realmente los necesitan, no a quienes abusan del sistema”, señala Varela.
El riesgo para la productividad y la confianza pública
Uno de los aspectos más delicados del uso abusivo de licencias médicas es su efecto en la productividad de las empresas y en la percepción pública sobre la legitimidad del sistema. “El fraude no sólo afecta las finanzas de los sistemas de salud privados y públicos, sino también a los trabajadores honestos. Cuando se sobrecarga el sistema, las personas que sí necesitan apoyo médico enfrentan más trabas, y eso erosiona la confianza”, advierte el abogado.
Por eso, desde ALTO Inmune proponen avanzar hacia un estándar único de fiscalización que permita al sector público y privado compartir criterios médicos, jurídicos y éticos. “Reforzar los controles y sanciones, y unificar criterios, no es castigar a los enfermos: es protegerlos. Y al mismo tiempo, evitar pérdidas millonarias que hoy el sistema no está en condiciones de sostener”.
Resultados tangibles en medio de una crisis
La acción de Suceso no sólo pone en alerta al sector privado, sino que abre la puerta a una política pública de mayor fiscalización basada en evidencia. Con 15 años de experiencia en el sector privado, ALTO Inmune ha desarrollado estrategias de control y prevención que evidencian resultados concretos y tangibles en más de 100 empresas a lo largo del país, generando querellas contra más de 800 médicos, consiguiendo hasta un 55% de disminución en el ausentismo laboral y recuperando hasta un 59% de los trabajadores con licencia emitida por un médico catalogado como irregular.
“El cruce masivo de datos es clave para enfrentar el fenómeno del ausentismo fraudulento, que ha venido creciendo en los últimos años sin una respuesta estructural. Esta medida puede ser transformadora para la salud laboral en Chile”, concluye Varela.
Con el sistema bajo presión y la opinión pública exigiendo mayor probidad, decisiones como esta marcan un camino: asumir que el uso adecuado de las licencias médicas requiere control, justicia y colaboración.