La compleja relación entre la dinámica urbana, los niveles de delincuencia y las disparidades socioeconómicas a nivel territorial se ha convertido en un tema de creciente relevancia y preocupación pública. Chile ha experimentado un progresivo y vertiginoso proceso de urbanización, desarrollo que ha afectado la equidad, seguridad ciudadana y la cohesión social.
Uno de los aspectos más notorios de este fenómeno es el aumento sostenido de los índices de criminalidad, particularmente en los grandes centros urbanos. Las ciudades, que en teoría deberían representar espacios de oportunidad y progreso, se han visto aquejadas por el flagelo de la delincuencia, socavando la calidad de vida de sus habitantes y generando una sensación generalizada de inseguridad.
Las principales zonas metropolitanas y las grandes capitales regionales tales como Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Iquique y Concepción por nombrar sólo algunas, han sido el epicentro de este fenómeno, concentrando elevados índices de criminalidad que abarcan desde robos, asaltos y tráfico de drogas, hasta delitos de mayor connotación social como secuestros y homicidios. Estos problemas se acentúan en los sectores urbanos más vulnerables, aquellos caracterizados por la pobreza, la precariedad de la infraestructura y la débil presencia del Estado.
Los niveles de delincuencia se encuentran fuertemente vinculados a la segregación socioespacial y la desigualdad territorial. Las comunas y barrios más vulnerables que sufren un abandono relativo por parte de las autoridades están expuestas a mayores problemas de inseguridad y violencia. Esta realidad genera un círculo vicioso que profundiza las brechas entre los estratos sociales, limitando las posibilidades de movilidad y desarrollo de los sectores más marginados.
Abordar este fenómeno requiere de un enfoque que combine estrategias de prevención, control y reinserción social. Fortalecer la capacidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública se ha vuelto un imperativo y mejorar la coordinación entre los diversos actores involucrados se ha transformado en una necesidad. Esto implica, entre otros requerimientos, implementar políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades socioeconómicas y territoriales, mediante inversiones principalmente en infraestructura, vivienda, educación y desarrollo económico local.
Fortalecer el tejido social, fomentar el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad de las comunidades locales en la construcción de entornos más seguros y cohesionados, es el gran y complejo desafío que enfrentamos hoy. Solo a través de un abordaje multidimensional, que articule acciones en el ámbito de la seguridad, el desarrollo urbano y la inclusión social, será posible avanzar hacia la construcción de ciudades más justas, equitativas y resilientes frente a los desafíos de la delincuencia y la desigualdad territorial en Chile.
Américo Ibarra Lara
Director Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile