En el actual panorama económico, en Chile se está debatiendo la posibilidad de un emergente "super ciclo del cobre", sustentado en sus elevados precios y la proyección de su persistencia a lo largo del tiempo (al cerrar estas semanas en cerca de US$5 dólares la libra), Esto conlleva un inesperado incremento de ingresos que permitiría al gobierno contar con mayores recursos para su asignación a gasto público, todo esto en un contexto económico global levemente menos restrictivo y políticamente activo dada la cercanía de los próximos procesos electorales.
Resulta evidente que el incremento de ingresos efectivos derivado de los actuales altos precios del cobre tendrá un impacto positivo, en el saldo fiscal ya que numerosos expertos estiman un mayor espacio fiscal cercano a los US$1.000 millones para el año en curso. No obstante, sí consideramos este como un fenómeno coyuntural, dichos excedentes deberían orientarse prioritariamente hacia el ahorro y destinar únicamente los ingresos generados por la recaudación tributaria adicional (generado por el mayor precio del metal rojo) para impulsar el crecimiento del gasto público. Sin duda la diferencia en el diagnóstico respecto a la duración de este positivo ciclo se tomará la agenda económica y política. Mientras unos aconsejarán sólo destinar estos excedentes para disminuir la deuda pública, otros hablarán de las virtudes de aumentar el gasto público y con ello estimular el crecimiento y el empleo.
Ahora bien, la latente posibilidad de expansión en el ámbito del gasto público y la evidencia que los datos arrojan sobre ejecución presupuestaria, muestran que en los últimos cinco años los recursos han sido mayormente asignados a los Ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Previsión Social, e Interior y Seguridad Pública, los cuales absorben alrededor del 70% del gasto ejecutado. Es en estos sectores donde los gobiernos de Piñera y Boric han puesto el acento de su intervención y nada hace imaginar que exista un cambio significativo en la tendencia, ámbitos además en los que la ciudadanía, a través de todas las encuestas, demanda soluciones urgentes.
Es necesario tener presente que durante el ejercicio 2023 los gastos del Gobierno Central alcanzaron a MM$64.768.069, esto es un 10% sobre lo ejecutado el año 2022 (MM$58.921.269). El gasto en salud sigue siendo significativo (22,24 %) aun cuando cayó 0,14 pp respecto del 2022; Trabajo y Previsión Social se mantiene en niveles estables de gasto (22,12%) y Educación un 20,78%; del 6,54% de laño 2022 el gasto de Interior y Seguridad Pública cae a 4,46% y obras públicas se mantiene en el orden del 5,7% a Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo cae de 5,07% a 4,84%. Estas distribuciones consideran recursos presupuestarios destinados a financiar los gastos operacionales y prestaciones de seguridad social (recursos humanos y operación) de cada institución.
Mientras la aparente coincidencia respecto a las áreas prioritarias de inversión resguarda la focalización del gasto; la política buscará que ni gobierno ni oposición saquen ventajas de esta bonanza con fines electorales. Serán este tipo de argumentos los que se esgriman seguramente de manera acalorada cuando se discuta el presupuesto nacional del año próximo.
Américo Ibarra Lara
Director Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile