Julio Ponce Lerou
La denuncia, presentada por el Juez del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, Cristián Soto, a quien le correspondió presidir la sala que conoció del segundo juicio que finalmente absolvió en voto dividido al ex ejecutivo y hombre de confianza de Ponce Lerou, ha generado un escándalo judicial que recién está comenzando. Para conocer su reacción y proyecciones de esta denuncia, hablamos con el abogado querellante del Caso Cascadas, Mauricio Daza Carrasco.
Querellante se refiere al voto de mayoría que, dos a uno, absolvió a Aldo Motta de todos los cargos en el segundo juicio del “Caso Cascadas”.
Mediante “informe reservado” dado a conocer durante el segundo Juicio Oral del Caso Cascadas.
En una intensa jornada seguida ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral de Santiago, la fiscalía solicitó que Francisca Ponce Pinochet, hija del controlador de las denominadas “sociedades cascadas” y miembro de varios de sus directorios, prestara declaración en el juicio oral que se sigue en contra de Aldo Motta. Además, el tribunal desestimó las explicaciones presentadas por Jorge Bofill, abogado de Eugenio Ponce Lerou, para justificar su no comparecencia a declarar, despachándole orden de arresto.
Entre otros puntos, se convino que las partes reconocen que los negocios y asuntos de SQM son manejados por su administración bajo la dirección del Directorio de SQM y no por las partes.
Afirmamos como acusadores, lo cual fue acogido por el tribunal, que las operaciones señaladas buscaban defraudar para generar un beneficio al controlador, Julio Ponce, a costa de perjudicar a un grupo de accionistas minoritarios de las sociedades cascadas. Al aceptarse esa hipótesis por el Tribunal, obviamente deja a Ponce en una situación compleja desde el punto de vista penal, ya que establecido el carácter delictual de este conjunto de operaciones, la hipótesis de participación criminal del controlador de las cascadas cobra fuerza, señala Mauricio Daza.
Como consecuencia de este fallo se alza la suspensión del procedimiento previamente decretado por el Tribunal de la Libre Competencia para que Tianqui adquiera el 24% de la propiedad de SQM, hoy en manos de Nutrien.
El TC decidirá este jueves si finalmente acoge el recurso que busca dilatar o bloquear los planes de la canadiense Nutrien de vender su participación en SQM a la china Tianqi, lo que ya fue aprobado anteriormente por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia TDLC.
Este lunes se realizará la audiencia sobre el caso en el Tribunal Constitucional, la que será seguida de cerca tanto por inversionistas en litio como por desarrolladores de vehículos eléctricos, hasta ahora los principales usuarios futuros de la baterías de litio.
Se espera que los alegatos por la causa se realicen el próximo 20 de octubre.
-El escrito objeta el acuerdo extrajudicial alcanzado entre la FNE y Tianqui por inconstitucionalidad.
-Por otra parte, la asociación de consumidores Conadecus presentó sus reparos al acuerdo ante el TDLC, ya que este miércoles vence el plazo para hacerlo.
Porque no habla nada bien de cómo están funcionando nuestras instituciones. No habla bien de Chile, tampoco de Estados Unidos, el país anfitrión. Pero lo que nos importa es lo que pasa aquí y las señales que representa el último episodio protagonizado por Julio Ponce Lerou.
Ello aún cuando tal como lo ratificó CORFO, el nombramiento como asesor no contraviene de forma alguna el acuerdo suscrito con Pampa Calichera, ya que la condición de “asesores” quedó excluida de las prohibiciones contenidas en el mismo.
El titular de Economía lanzó sus dardos al ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, quién encabezó las tratativas para un acuerdo por la explotación de litio en el Salar de Atacama. “La cláusula debiera haber estado explícita respecto de que el señor no podrá hacer asesorías al directorio, no es una cláusula tan difícil", expresó.
La multa original era por 1,7 millones de UF, unos $46 mil millones, de los que el controlador de SQM y las sociedades Cascada no tendría que pagar más de unos $2 mil millones.