​Abogado Mauricio Daza sobre absolución en "Caso Cascadas": "Es una decisión vergonzosa y aberrante"

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Mauricio Daza


- ¿Le sorprendió el fallo absolutorio de mayoría?.

- Sin duda. Hay que recordar que este es el segundo juicio que se le hace al imputado Motta por los hechos del denominado “Caso Cascadas”, donde finalmente se imputan los delitos de la ley de mercado de valores más graves de los que haya conocido nuestra justicia, tanto por los montos involucrados como por la connotación de quienes habrían participado.

En este contexto, Motta fue condenado de manera unánime, tres a cero, en el primer juicio. Esa sentencia fue objeto de un recurso de nulidad ante la Corte Suprema que fue acogido por un solo voto, tres a dos, fundado en un motivo de carácter formal, ya que se dijo que la sentencia habría ido más allá de los términos de la acusación del Ministerio Público y de los querellantes. En caso alguno la Corte Suprema dijo que había algún problema con la acusación que formulamos, o que las conductas imputadas no fueran delitos, o que Motta no fuera culpable; esto aún cuando su defensa lo sostuvo ante el máximo tribunal para fundar su recurso.

En ese escenario, estábamos confiados en que la claridad de la prueba y lo burdo de algunas operaciones, como el denominado “Caso Linzor”, llevaría como resultado natural la dictación de un condena ejemplar en contra de Motta. Sin embargo nos encontramos con este insólito veredicto, donde dos jueces deciden absolver a Motta, con un razonamiento que resulta inverosímil.


- ¿Cómo califica este fallo?

- El voto de mayoría es vergonzoso y aberrante. Sostiene sencillamente que si las operaciones fueron realizadas en Bolsa cumpliendo con ciertas formalidades, entonces deben entenderse como válidas y lícitas más allá de toda otra circunstancia. Esto es absurdo, ya que la ley de valores castiga cualquier transacción ficticia que se realice el mercado de valores, pero según el fallo de mayoría, por el sólo hecho de que una operación se haga en ese mercado cumpliendo la forma para aquello, entonces no puede ser considerada como ficticia. De esta manera, el voto de mayoría transforma la manipulación bursátil realizada en Bolsa, en un delito imposible de cometer en Chile.

Puesto de otra manera, si pasó por Bolsa, todo vale. En este contexto, si bien la absolución de todos los cargos formulados contra Motta es impresentable, dejar impune el “caso Linzor”, no tiene nombre.


- ¿Por qué?

- El voto del juez presidente del tribunal, Cristian Soto Galdames, quien estuvo por condenar a Motta, lo señala de manera clara. En el “caso Linzor”, dos empresas “cascadas” controladas por Ponce Lerou y en las que Motta era gerente realizaron operaciones cruzadas a través de un palo blanco. Motta ordenó transar 5 millones de acciones SQM – A entre Pampa Calichera y Oro Blanco, de las que era gerente general. Lo hizo a través del denominado "Fondo Linzor", el cual nunca tuvo en su poder más de 250 mil acciones, las que vendía sucesivamente en fracción de segundos mientras compraba el paquete siguiente, de manera tal de garantizar que esas acciones de control de SQM jamás salieran del patrimonio de las sociedades cascada. Y todo esto partir de valores calzados, los cuales fueron establecidos con la finalidad de registrar un determinado resultado contable favorable para las cascadas, lo que les permitió acceder a créditos que de otra forma no podrían haber obtenido, además de repartir utilidades que de otra manera no podrían haber justificado. Cabe señalar que es un hecho indubitado que el “Fondo Linzor” no tenía dinero suficiente para comprar el total de las 5 millones de acciones que finalmente se transaron en Bolsa, por lo que financiaba cada paquete que le compraba a una cascada con el valor que recibía de la supuesta venta inmediata hecha a la otra cascada. Todo con precios calzados, e informando estas ventas al mercado como puras y simples.

Lo más increíble es que estas operaciones terminaron siendo financiadas por accionistas minoritarios, donde incluso se encontraban varias AFPs. De hecho, un informe de la Superintendencia de AFP acompañado a la causa señaló que en este caso las perdidas para los fondos de pensiones derivados de las operaciones del “caso Cascadas” podrían superar los 41 millones de dólares. En cambio, las ganancias para el controlador, Julio Ponce Lerou, habrían ascendido a los 128 millones de dólares en total, según lo señaló en su momento la SVS.

En definitiva, sostuvimos que aquí se montó una puesta en escena donde se aparentó vender acciones, aún cuando nunca existió la voluntad real de desprenderse de ellas; y todo esto en un contexto donde estas operaciones se informaron al mercado como ventas puras y simples, y sin que se señalara que eran parte de un esquema para “mejorar” el estado patrimonial contable de las cascadas.


- ¿Pero cual es la objeción si cada operación individual se realizó según las normas de la Bolsa de Comercio o de la Bolsa Electrónica, en su caso?

- Más allá del “caso Linzor” aquí habría operado un esquema fraudulento el cual obviamente no se puede descubrir a partir de la absurda teoría de que sólo hay que limitarse a analizar cada una de las operaciones de manera individual, aislada y sólo desde una perspectiva formal. Una tesis como esa implica sencillamente instalar la ley de la selva en nuestro mercado de valores, y colocarlo bien al fondo en materia de transparencia y funcionamiento adecuado.

Resulta obvio que la única forma de apreciar un esquema fraudulento es ir más allá de las operaciones aisladas, y analizar sus nexos, a partir de determinar si han sido realizadas entre las mismas entidades o relacionadas, por valores o montos calzados, en un cierto periodo de tiempo, si sus efectos van en un mismo sentido, entre otros factores. Si esto no fuera así, la verdad que la existencia de entidades como la CMF en Chile, o la SEC en Estados Unidos, no tendría mayor sentido.

Debemos estar a la sustancia por sobre lo meramente formal, cosa que debería ser un principio evidente para el mercado de valores de un país como Chile en el Siglo XXI, pero claramente no es la situación en que vivimos, especialmente cuando se trata de investigar y sancionar a ciertos operadores del mercado.

Aquí vale plenamente el dicho de que “los arboles no dejan ver el bosque”; lo que es especialmente cierto cuando no se quiere ver el bosque.


- ¿Qué implicancias tiene este veredicto?

- Obviamente que manda un mensaje nefasto a nuestro mercado de valores, ya que en definitiva la forma se impone sobre la sustancia, y cualquier esquema de operaciones en Bolsa sería lícito; con lo cual, en los hechos se permitiría realizar transacciones ficticias o artificiosas sin que el mercado cuente con información completa, transparente y de calidad. Dicho de otra forma, si Ud. hace una operación en bolsa, todo vale. Esto sin duda está muy lejos de los parámetros que se aplican en mercados serios a nivel internacional, lo que ratifica que finalmente nuestro pequeño mercado de valores está muy atrás en la práctica, incluso en la aplicación efectiva de las normas que nos hemos dado. Resulta irrelevante la tecnología con la que cuenten nuestras bolsas para operar, o el tenor de las regulaciones que existen para nuestro mercado de valores, si en los hechos es letra muerta.


- ¿Qué pasos van a seguir?

- Estamos analizando que hacer, pero no nos vamos a rendir. Como lo señalé, estamos frente al fraude a la ley de mercado de valores más relevante que se haya conocido por nuestra justicia, y creemos que no puede terminar simplemente así, a través de un voto de mayoría débil e inverosímil, después de haber obtenido una condena contundente y unánime en el primer juicio, cuyas bases fundamentales no fueron tocadas por el fallo de la Suprema que ordenó un segundo juicio.

Si bien nuestra legislación procesal restringe de manera importante la posibilidad de que se pueda acceder a un tercer juicio, a pesar de lo cual estamos analizando los escenarios posibles.


- ¿Cómo califica el trabajo de la Fiscalía en este segundo juicio?

- Impecable. Aquí se ha hecho un trabajo inmenso por parte de la fiscalía y de los querellantes. En ese contexto, debo destacar la enorme calidad y profesionalismo de los fiscales Marcelo Carrasco y Tania Sánchez, quienes estuvieron liderando este segundo juicio en el “caso Cascadas”, donde hicieron un gran trabajo, más allá del resultado puntual. Resulta reconfortante ver abogados jóvenes, de excelencia, comprometidos con su función, enfrentando de manera tan solvente un caso complejo como este. Sin duda el voto de mayoría no pasó por ellos. Además, también se debe reconocer el impecable trabajo de la fiscal Ximena Chong, quien dirige la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, la cual tiene a su cargo el “caso Cascadas”.


- ¿La causa contra Julio Ponce Lerou sigue vigente?

- Absolutamente. Y no sólo contra él, sino además en contra de un conjunto de otras personas que también participaron en el esquema fraudulento que se imputa. Esperamos que la fiscalía no se deje presionar para desechar esa investigación a partir de lo que dijo una mayoría circunstancial en el segundo juicio contra Motta, especialmente cuando se funda de manera tan inconsistente. Este caso va más allá de Ponce, Motta y los demás involucrados, ya que en muchos sentidos se vincula con la real vigencia de nuestro estado de derecho y de la legislación de mercado de valores en nuestro país, la que no se puede transformar en una simple pieza de papel, vacía e inútil.


- ¿Cómo se siente después de estos años de juicios y recursos, sin que hasta ahora exista una condena en la arista penal del “caso Cascadas”?

- Bueno, si hay algo que ha existido en el “caso cascadas” ha sido impunidad, no solo en lo penal. Hay que recordar que la SVS cursó la mayor multa de su historia a Julio Ponce Lerou en el caso cascadas, por una suma equivalente a los 75 millones de dólares, en un contexto en que dicha entidad señaló que el controlador de las sociedades cascadas habría obtenido beneficios por las operaciones cuestionadas por una suma superior a los 128 millones de dólares. A pesar que con esa multa, ya era un tremendo negocio haber montado y hecho funcionar el esquema fraudulento imputado en este caso, el Tribunal Constitucional rebajó la multa a 3 millones y medio de dólares, afirmando que esa era la suma máxima que la SVS, actual Comisión para el Mercado Financiero, puede aplicar por infracciones a la ley de mercado de valores, fundado en el principio de “proporcionalidad”. El mensaje es bastante claro y preocupante, ya que resulta muy beneficioso cometer infracciones a la ley de mercado de valores en Chile, en caso de que se ganen cifras muy superiores al tope de la multa fijado por el Tribunal Constitucional. Ahora, a este insólito escenario, se suma el escandaloso voto de mayoría en el segundo juicio del “caso Cascadas”, que en la práctica hace inaplicable el delito de manipulación bursátil a través de operaciones efectuadas en bolsa.

Como se puede entender, resulta inverosímil pretender en este escenario, que Chile se transforme en un centro financiero a nivel internacional o regional.

En todo caso, no todo está perdido, ya que mal que mal en el primer juicio hubo tres juezas decididas por hacer justicia y aplicar la ley a partir de las múltiples y contundentes pruebas presentadas en la causa, y en segundo juicio está el voto del presidente del tribunal, magistrado Soto Galdames, cuya posición clara y valiente salva, en parte, la credibilidad del Poder Judicial en este caso.

De cualquier forma, reitero que estamos en este caso por un tema de convicciones, más que de probabilidades, las que siempre son cuesta arriba en Chile cuando se trata de perseguir delitos graves cometidos por grandes empresarios o altas autoridades. Este sentido tengo la plena convicción que frente a la soberbia, la inconsistencia y la impunidad, uno se tiene que hacer más fuerte y seguir adelante. Así que estamos con la voluntad intacta y más decididos que nunca. Creo que al final del camino, la justicia y el sentido común se va a imponer.