Cuando la información falla, el estado tropieza
Quiero continuar desarrollando la temática que ha estado presente en mis últimas columnas: la relevancia que tiene la información para la conducción de las finanzas públicas. La toma de decisiones sobre datos fidedignos no es un detalle técnico; es una condición estructural para evitar desequilibrios como el déficit que heredará el próximo gobierno.
Las cifras oficiales muestran que los ingresos efectivos del año pasado fueron inferiores a los gastos ejecutados. El desbalance alcanzó un 3,6% del PIB, equivalente a aproximadamente US$11.888 millones. No se trata solo de una cifra contable: es una señal de alerta respecto de la calidad de las estimaciones y de la disciplina en la ejecución presupuestaria.
La preocupación se intensifica cuando el déficit comienza a traducirse en tensiones operativas. El sábado pasado se informó que el Ministerio de Educación adeuda pagos de subvenciones a establecimientos de educación básica y media del sistema subvencionado. Tradicionalmente, desde la instauración del sistema en 1998, las asignaciones destinadas al mantenimiento de establecimientos y a incentivos docentes se pagan antes del inicio del año escolar. Este año, sin embargo, los retrasos coinciden con el comienzo de clases.
A ello se suma la falta de recursos para cubrir compromisos previsionales, como el 1% adicional en las cotizaciones del personal de los establecimientos, incorporado por la reforma previsional aprobada el año pasado. Tampoco existirían disponibilidades suficientes para financiar el reajuste comprometido al sector público ni los incentivos al retiro.
La explicación oficial atribuyó los atrasos a la incorporación de nuevos establecimientos a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), lo que habría generado errores en el sistema informático de administración, es decir “falló el software”. Sin embargo, cuando los problemas tecnológicos producen efectos financieros de esta magnitud, el debate trasciende lo operativo y vuelve al punto central: la confiabilidad de la información y de los sistemas de control.
En este contexto, la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (FESIT) hizo público un estudio en el que formula recomendaciones relevantes. Entre ellas, propone fortalecer la credibilidad de las estimaciones de ingresos tributarios mediante metodologías más precisas y auditorías externas a cargo del Consejo Fiscal Autónomo, entidad que desde hace tiempo ha advertido sobre la fragilidad del escenario fiscal. Si bien esta idea es muy buena, este organismo carece de tales facultades, por lo cual se debería impulsar un cambio legislativo para ello.
Asimismo, sugiere revisar el método de estimación de la evasión y la elusión tributaria, dado que proyecciones optimistas sirvieron de base para reformas legales cuyos resultados en recaudación no se han materializado en la magnitud esperada.
Lo anterior reafirma mi convicción de que la autoridad ha desaprovechado el enorme valor estratégico de la información que generan los propios organismos públicos. No basta con disponer de datos; es imprescindible validarlos, auditarlos y utilizarlos con prudencia técnica.
La semana pasada recordé que, respecto de 73 entidades públicas —50 vinculadas a ministerios y 23 a municipios—, la Contraloría General de la República se abstuvo de emitir opinión sobre sus estados financieros. Este antecedente revela una debilidad estructural en la calidad de la información contable del sector público.
Todos estos elementos conducen a una misma conclusión: la próxima administración debe situar la calidad de la información en el centro de la gestión fiscal. Ello exige fortalecer los sistemas de auditoría, validar las estimaciones de ingresos y aplicar con rigor la Ley 21.769, que crea el Servicio de Auditoría Interna del Gobierno, estableciendo controles efectivos que aseguren eficiencia, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Cuando la información falla, falla la política pública. Y cuando falla la política pública, quienes pagan el costo no son las planillas Excel, sino las personas.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios RNC
Universidad de Santiago
