Caso Cascadas
La denuncia, presentada por el Juez del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal, Cristián Soto, a quien le correspondió presidir la sala que conoció del segundo juicio que finalmente absolvió en voto dividido al ex ejecutivo y hombre de confianza de Ponce Lerou, ha generado un escándalo judicial que recién está comenzando. Para conocer su reacción y proyecciones de esta denuncia, hablamos con el abogado querellante del Caso Cascadas, Mauricio Daza Carrasco.
Querellante se refiere al voto de mayoría que, dos a uno, absolvió a Aldo Motta de todos los cargos en el segundo juicio del “Caso Cascadas”.
Mediante “informe reservado” dado a conocer durante el segundo Juicio Oral del Caso Cascadas.
Fernando Coloma, declaró durante dos jornadas en el marco del segundo juicio oral seguido en contra de Aldo Motta Camp, ex gerente de las denominadas “Sociedades Cascadas”, controladas por Julio Ponce Lerou.
En el marco del Segundo Juicio ante el Cuarto Tribunal Oral de Santiago, Adeodato de la Vega, perito y jefe del área económica financiera del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de la Universidad Católica de Valparaíso, explicó como las operaciones imputadas en el denominado “Caso Cascadas” habrían correspondido a “un actuar consciente”, a partir del cual los controladores habrían obtenido importantes beneficios económicos en desmedro de los accionistas minoritarios.
En una intensa jornada seguida ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral de Santiago, la fiscalía solicitó que Francisca Ponce Pinochet, hija del controlador de las denominadas “sociedades cascadas” y miembro de varios de sus directorios, prestara declaración en el juicio oral que se sigue en contra de Aldo Motta. Además, el tribunal desestimó las explicaciones presentadas por Jorge Bofill, abogado de Eugenio Ponce Lerou, para justificar su no comparecencia a declarar, despachándole orden de arresto.
Esta resolución termina el procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia en junio de 2017 y que se desarrolló atendiendo a lo resuelto por los Tribunales Superiores de Justicia.
Afirmamos como acusadores, lo cual fue acogido por el tribunal, que las operaciones señaladas buscaban defraudar para generar un beneficio al controlador, Julio Ponce, a costa de perjudicar a un grupo de accionistas minoritarios de las sociedades cascadas. Al aceptarse esa hipótesis por el Tribunal, obviamente deja a Ponce en una situación compleja desde el punto de vista penal, ya que establecido el carácter delictual de este conjunto de operaciones, la hipótesis de participación criminal del controlador de las cascadas cobra fuerza, señala Mauricio Daza.
El 23º Juzgado Civil ha resuelto que las transacciones denunciadas “se ejecutaron totalmente ajustadas a la normativa bursátil y a la normativa legal y que las operaciones no son engañosas ni ficticias”. Fueron dejadas sin efecto las multas a los dos gerentes.
La multa original era por 1,7 millones de UF, unos $46 mil millones, de los que el controlador de SQM y las sociedades Cascada no tendría que pagar más de unos $2 mil millones.