Germán R.Pinto Perry

Con mucha sorpresa leí el proyecto de ley que votó la Cámara de Diputadas y Diputados la semana pasada, que proponían aumentar “transitoriamente” la tasa del Impuesto a la Renta de Primera Categoría (IRPC) a un 30% por los ejercicios comerciales 2021 y 2022 a las “megaempresas”, como una forma de aumentar la recaudación tributaria aparejada de la moción de establecer un impuesto para los super ricos, todo ello con el objeto de crear un fondo para ir en ayuda de los sectores más desposeídos del país.

Con mucha alegría, y porqué no decirlo también, como mucho orgullo, recibí la noticia la semana pasada que la autoridad ha incluido la labor de los contadores dentro del listado de actividades esenciales para el país en estos momentos de pandemia. Tal vez no termine el avance del coronavirus con el trabajo contable, pero sí se podrá realizar la Operación Renta del Año Tributario 2021 de mejor forma, permitiendo que el Estado de Chile reciba los tributos requeridos para solucionar las ingentes necesidades sociales que estamos viviendo.

El mundo miró con interés la propuesta de la secretaria del Tesoro de EE.UU, Janet Yellen, quien propuso la aplicación de un Impuesto Mínimo Global de un 21% que afectara las empresas multinacionales, estableciendo de esta forma un límite del cual ningún país cobraría menos que esa tasa para afectar las ganancias que generan estas compañías, con el claro propósito de evitar que se siga con la competencias de rebajas impositivas que atraen injustamente capitales y concentran las utilidades en países con baja o nula tributación.

La reforma a la constitución que establece un impuesto que afectaría a los ricos del país sigue su curso y gana adeptos en los diputados que están buscando su reelección, pero también ha despertado la preocupación del Gobierno que ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa. Pese a esa pequeña rémora, sigue su curso y hasta se han incorporado iniciativas “que perfeccionan” su texto.

El 3 de agosto del año pasado publiqué en este mismo medio mi columna de opinión donde cuestionaba los fundamentos y la eficacia del proyecto de ley que crea un nuevo artículo trigésimo octavo transitorio en nuestra constitución, para establecer un impuesto del 2,5% sobre los patrimonios de personas naturales en nuestro país que superen los 22 millones de dólares, con el fin de financiar una renta básica de emergencia para las personas más vulnerables de nuestro país que se han visto afectadas por la pandemia que estamos viviendo.

Una vez escuché un chiste al ex embajador del Reino Unido en Chile, el señor Jon Benjamin, señalando que los contadores tenemos una aspecto serio y tranquilo porque tenemos un gran “control interno”.   Sin duda que para entender este chascarrillo es necesario haber cursado algunos cursos de Contabilidad, pues el control interno corresponde a una serie de medidas y procedimientos que garantizan el correcto desarrollo de las operaciones de las entidades.

“No quiero llorar miserias ni ser cobarde, pero yo no merecía tu ingratitud…” así comienza una antigua canción que yo conocí a través de la interpretación de Pedro Messone hace muchos años atrás, cuando la música se escuchaba en radios que tenían perillas para cambiar el dial. Esa canción del “neofolklore chileno” trata del reclamo de un amante ante la falta de reconocimiento que le manifiesta su amada. 

Ya comenzada la Operación Renta (O.R.) 2021 surgen las sorpresas por la aplicación de las normas introducidas por la Ley 21.210 sobre modernización tributaria, dentro de las cuales, están las disposiciones para las pymes.

El diputado Giorgio Jackson nos ha sorprendido con una nueva iniciativa que tiene muy buenas intenciones, pero que adolece de sustento técnico y que resultan peligrosa en estos momentos, porque azuza la opinión pública con eslogan como “el sueldo de Chile” y que obligar al Gobierno a que se manifieste respecto a que “las rentas queden a favor de la población o si prefiere que queden en manos de las mineras”. 

Tal como dice el dicho popular: no hay deuda que no se pague… y así ocurre con los beneficios que entrega la autoridad y que tienen calidad de renta. 

El día 4 de febrero recién pasado fue publicado el último informe de la OCDE sobre la situación económica de Chile en relación a los efectos de la pandemia, como también una evaluación de nuestro sistema tributario y de las medidas que ha tomado la autoridad al respecto, el cual ha sido recibido con reverencial recogimiento por algunas personas que sacralizan las opiniones que esta importante organización internacional emite de nuestro país, dándome la idea que están revitalizado los dichos medievales, generando remozado “OCDE DIXIT”.

Preparándonos para una Operación Renta hemos podido apreciar los formularios que el SII ha preparado para recoger la ingente cantidad de información que la misma ley de “modernización tributaria” ha establecido. Uno de esos nuevos requisitos es la declaración del Capital Propio Tributario Simplificado para todo contribuyente acogido al régimen de Transparencia Tributaria señalado en el número 8 de la letra D del artículo 14 de la Ley sobre Impuestos a la Renta (LIR).

Ya estamos ad-portas de un nuevo proceso de declaración de Operación Renta y estamos apreciando la tremenda carga administrativa que va a conllevar, de acuerdo con el formato del nuevo formulario 22 de declaración de impuestos a la renta anuales y de las declaraciones juradas para los contribuyentes del Impuesto a la Renta de Primera Categoría.

El régimen de renta presunta nuevamente está en la mira del legislador para ser eliminada para lograr una mayor recaudación fiscal para lograr proveer al Estado de los fondos necesarios para cubrir las ingentes necesidades sociales que la población está solicitando y que alimentan los apetitos electorales de varios políticos

Siempre me ha llamado la atención la actitud criolla de copiar todo lo que se realizaba en el Santiago decimonónico, que muy bien retrató el autor nacional Daniel Barros Grez en su obra teatral “Como en Santiago” del año 1875.

En la celebración del Año Nuevo 2021 escuchamos constantemente: “que todo cambie” o “que todo sea mejor” con la ilusión que vivamos algo distinto a contar de este lunes 4 de enero. Sin embargo, mi columna de este primer lunes del año tiene el mismo tema que la columna que publiqué el primero lunes del año pasado.

El fin de año es un momento para hacer balances y, como buen contador, me permito hacer el correspondiente a mis columnas que Diario Estrategia ha tenido la amabilidad de publicar cada lunes.

Los organismos internacionales utilizan el concepto “costos de transacción tributarios” para determinar lo que cuesta logra el cumplimiento impositivo en un país, tanto para el contribuyente como para la autoridad fiscal para cobrar o fiscalizar, es decir, considera los costos de pagar y de cobrar tributos.

Dentro del ejercicio que se está haciendo de revisar el Gasto Tributario, que es la cuantificación de la menor recaudación que provocan todas las disposiciones que establecen algún tipo de rebaja en la carga tributaria de determinados contribuyentes, está la evaluación de los aparentes beneficios tributarios que reciben las empresas que realizan donaciones a universidades e institutos profesionales, corporaciones culturales, organizaciones de beneficencia, instituciones deportivas y a partidos políticos.

Dice el dicho popular “a río revuelto, ganancia de pescadores” cuando hay personas que aprovechan el desorden para sacar provecho, que es precisamente lo que estamos viendo en la discusión para aumentar la recaudación fiscal en estos momentos en que necesitamos muchos recursos para poder responder a las ingentes demandas sociales que se han manifestado en los últimos años, y más ahora que estamos con una pandemia que ha minado los ahorros de muchas personas y disminuido el potencial económico del comercio.