Germán R.Pinto Perry
El otro día discutía con un amigo sobre la pertinencia de este nuevo 10% de retiro de los fondos de pensiones, el cual es la antesala de un tercer retiro. Yo le manifesté mis aprensiones fundamentado en el hecho de seguir realizando retiros solo redundará en una paupérrima pensión al momento de jubilar. Mi amigo me replicó señalando que ahora, con los fondos que tiene, su pensión sería baja, aplicando lo que ya muchos dicen: con retiro del 10% o sin él, de todas formas, la pensión será poca.
El Gobierno formó una comisión de 16 economistas para proponer una “hoja de ruta” para una futura reforma tributaria, como también para dar respuesta al compromiso tomado con la oposición de revisar las exenciones tributarias.
Para lograr la aprobación de la reforma tributaria de febrero del presente año, el Ministro de Hacienda se comprometió con la oposición a realizar una revisión a las exenciones y regímenes especiales que otorgan una menor tributación a ciertos sectores. Evidentemente, tal acuerdo buscaba concentrar los esfuerzos recaudatorios del Estado en hacer pagar tributos a quienes no lo estaban haciendo en la actualidad.
He escuchado en el paupérrimo debate que se ha llevado a cabo en el proceso constitucional que estamos viviendo, que la desigualdad que Chile tiene se debe al rol subsidiario del Estado que está consagrado en la actual Constitución, afirmación que está en boca de muchos jóvenes.
Hace poco escuché a un joven señalar que debíamos cambiar el “Rol Subsidiario del Estado” por el “Rol de Estado Garantizador de Derechos”, declaración que me preocupó porque demuestra lo confundido que están los jóvenes y muchas personas que están a punto de participar de un proceso único en nuestra Historia, como es decidir el cambio de nuestra carta magna.
He apreciado que en el adocenado debate que ha precedido al plebiscito que prontamente tendremos que enfrentar, se ha asentado la opinión en los jóvenes que es imperioso cambiar el Rol Subsidiario del Estado (RSE) que está actualmente consagrado en nuestra Constitución y en muchas otras constituciones del mundo.
La semana pasada comenzó a ser evidente la preocupación de la Autoridad Económica por el tema previsional, la cual tiene que aplicar una estrategia y una propuesta antes de la reforma constitucional porque, tal como se aprecia el ambiente, será una de las banderas de lucha de la izquierda, dejando en la Constitución la garantía de que todos los jubilados tendrán una alta pensión.
La nueva Ley 21.256 que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y el empleo fuertemente afectado por la pandemia que estamos viviendo por casi seis meses, tuvo una interesante gestación.
Con mucha alegría ha sido recibida la Ley 21.256 publicada la semana pasada que otorga ayudas a las pymes que hayan visto menoscabados sus ingresos en el presente año.
Ya está lista para nacer una nueva ley que otorga una serie de concesiones especiales a las pymes para apoyarlas a superar los problemas que han generado los últimos sucesos nacionales e internacionales que nos han afectado.
La Ley 21.210 sobre Modernización Tributaria establece tres nuevos regímenes de tributación que afectan a las empresas que son contribuyentes del Impuesto a la Renta de Primera Categoría (IRPC) obligados a llevar contabilidad completa, y de los cuales hay que informar el Servicio de Impuestos Internos cuál será el adoptado, a menos que se acepte la selección preliminar que ese organismo fiscalizador hizo al inicio de este año.
Se acercan tiempos eleccionarios y aparecen candidatos en diversos medios de comunicación que, lamentablemente, prometen cualquier cosa que sea popular.
Luego que se conociera el texto que fue promulgado por el Ejecutivo del proyecto de reforma constitucional que permite “en forma voluntaria y por única vez” el retiro del 10% de los fondos acumulados en sus cuentas de capitalización individual, puedo seguir asombrándome sobre los defectos de esta iniciativa, pese a que, a los legos en la materia, público en genera y parlamentarios con superioridad intelectual por sobre la de los economistas, les parezca una buena solución.
Siempre he sido crítico del trabajo de los parlamentarios porque legislan desde sus trincheras doctrinarias sin escuchar los argumentos técnicos que deben campear en la gestación y discusión de las normas legales que regulan aspectos de la economía, especialmente cuando se debaten temas tributarios.
La tributación aplicable al mayor valor en la enajenación de acciones, derechos sociales, bienes raíces y otros bienes que están indicados en el número 8 del artículo 17 de la Ley sobre Impuestos a la Renta, es sensible a la relación existente entre los que realizan la enajenación y los que adquieren. Si es relacionado, es decir, existe entre ellos alguna vinculación patrimonial o familiar, tienen una tributación determinada que resulta más onerosa que aquella que se aplica si no se constata tal ligazón.
Sin el ánimo de parecer insensible ante la lamentable situación humana que estamos viviendo con esta horrible pandemia, en donde día a día mueren muchas personas en nuestro país y el mundo, me permito distraer la atención y seguir destacando algunos aspectos que me parecen relevantes y positivos que trajo la ley de “Modernización Tributaria” que está vigente desde febrero de este oscuro año 2020.
La dimensión de los problemas demanda soluciones de iguales magnitudes, pues no se aplica en la vida real lo que otrora pregonaba nuestro expresidente don Ramón Barros Luco que decía: “No hay sino dos clases de problemas: los que se resuelven solos y los que no tienen solución”.
Parafraseo a la novela de Erich Maria Remarque para comentar la tributación aplicable al mayor valor en la enajenación de acciones y derechos sociales que terminó consagrándose en la reforma tributaria realizada por la Ley 21.210 de Modernización Tributaria que fue publicada en febrero del presente año.
Quiero partir mi comentario parafraseando esa antiquísima canción que aludía al encuentro con los marcianos, exacerbando la imaginación al presentar un jovial y musical arribo de estos alienígenas. Algo similar pasó, en mi opinión, con el hecho de gravar las operaciones digitales que tango han sido ocupadas en estos meses de cuarentena y que su entrada en vigor se proyectaba para un futuro lejano. Pero es plazo ya se cumplió y comienza su vigencia a contar de hoy lunes 1 de junio.
Lo malo de esto es que no tendrán la previsión y provisión de recursos para cumplir sus obligaciones futuras, lo que redundará en la aplicación del viejo adagio de “pan para hoy hambre para mañana”.No es por ser negativo o mal agradecido por las políticas sociales y de ayuda que se están implementando, pero es indudable que éstas constituyen una paradoja, pues por un lado obligan a los contribuyentes a un ahorro forzado para poder tener fondos suficientes para financiar las pensiones en el futuro, lo que genera un esfuerzo hoy para un beneficio en el mañana; y por otro lado nos conceden un alivio en la liquidez, pero un problema en el abril del próximo año, lo que genera un beneficio para hoy, pero un esfuerzo en el mañana.Creo que este último análisis no peca de pesimismo sino es resultado de la perplejidad que provocan las políticas fiscales y que no me queda más que decir: NO ME AYUDE TANTO, COMPADRE… otra vez.Prof. Germán R.Pinto PerryDirector Magíster en Planificación y Gestión TributariaUniversidad de Santiago