Germán R.Pinto Perry
Siempre he sido crítico de las decisiones y políticas tributarias de la Autoridad cuando he considerado que están alejadas de la técnica y de la doctrina tributaria, pues es mi ámbito de desarrollo profesional y académico, pero hoy me ha causado mucha extrañeza la actitud del Ministerio de Educación con sus anuncios respecto al futuro de las medidas vinculadas con la emergencia sanitaria que estamos viviendo.
No cabe la menor duda que la epidemia que estamos viviendo afecta a las personas y tenemos que ser condescendientes con nuestros vecinos y con toda la comunidad porque es un daño que afecta al Ser Humano. No debemos olvidar que son Personas las que están sufriendo.
Nuevamente la autoridad ha tenido que anunciar medidas de apoyo a un sector muy importante y endeble de nuestra economía: las pymes.
La publicación de la Ley N°21.210 nos ha deparado aspectos bastantes interesantes y que merecen una reflexión ahora que ya terminó el trabajo legislativo.
El día 24 de febrero recién pasado fue publicada la ley 21.210 que materializa el tan discutido (aparentemente) proyecto de ley de “modernización de la legislación tributaria” que ingresó al Congreso en agosto del año 2018, pasando un año de completa inactividad, para luego de agosto del año pasado fuera materia de diatribas por parte de la Oposición y de negociaciones por parte del Gobierno para lograr que el “espíritu” del proyecto no cambiara.
El proyecto de ley de “modernización” tributaria que está pronto a ver la luz legislativa ya es materia de estudio de variopintos analistas que están proyectando sus efectos y cuantificando sus beneficios. Uno de esos estudios basados en el clásico criterio de “causa-efecto” es la afirmación que la norma de “transparencia tributaria” generará un detrimento en el mercado laboral de los contadores.
Recuerdo que uno de los problemas que se achacaba a la discusión legislativa de la Reforma Tributaria 2014/2016 era la inestabilidad que generaba a los inversionistas, distorsionando las expectativas que se tenía de la Economía de nuestro país.
n destacado jurista planteó que además de exigir derechos hay que asumir obligaciones que deben estar señalados en la constitución como es el caso del pago de tributos.
Desde el Absolutismo se ha considerado en Occidente que las leyes son la herramienta básica para generar cambios en la Sociedad, logrando influir en la conducta y la forma de pensar de las personas.
El estallido social que estamos viviendo ha movido los cimientos de nuestra sociedad y nuestro Sistema Tributario no ha estado ajeno a esto, obligándonos a reflexionar sobre su estructura y sus características, con el objetivo de aumentar significativamente el nivel de recaudación.
En los cabildos, en las entrevistas y en todas las instancias en que se manifiestan opiniones tendientes a generar una nueva constitución que materialice un cambio “de modelo económico y social” de nuestro país, se ha postulado que debemos dejar el esquema neoliberal y el “rol subsidiario del Estado” para acercarnos a otro… sin ser claros a qué otro sistema ni rol necesitamos realmente.
Tenemos que realizar una profunda revisión de nuestras estructuras sociales, jurídicas y políticas para poder realizar cambios que respondan a las ingentes necesidades que se han manifestado en las últimas semanas, siendo el sistema tributario uno de los más sensibles.
Mis alumnos podrán dar fe de yo explico la existencia de la evasión y la elusión tributaria a través de la ecuación de “pago de impuesto = beneficio recibido por el ciudadano del Estado”. Cuando el pago del impuesto es mayor al beneficio recibido se produce una frustración y que se materializa en la resistencia al cumplimiento tributario.
En varias oportunidades he pedido a las autoridades de nuestro país a través de estas columnas de opinión, que dejen de lado las discusiones políticas y que primen los argumentos técnicos en la tramitación del proyecto de ley de Modernización Tributaria, solicitud que no ha tenido eco en sus destinatarios, pues día a día siguen ventilándose en los medios de comunicación, argumentos ideológicos y políticos que convierten en una conversación de sordos esta importantísima iniciativa legal que se está tramitando en el Congreso. Si bien el proyecto no es lo que idealmente correcto, ayuda a mejorar problemas que la actual normativa tributaria tiene.
El Proyecto de modernización tributaria que se está debatiendo en el Congreso incluye disposiciones que modifican el actual tratamiento de los sueldos que se asignan los socios de las empresas y a sus cónyuges. Esta modificación al “sueldo empresarial” como se conoce, dice relación al hecho que en la actualidad se acepta como gastos necesario para producir la renta, la remuneración pagada al socio de sociedades de personas y al socio gestor de sociedades en comandita por acciones, como también las asignadas al empresario individual que efectiva y permanentemente trabaje en la empresa “hasta el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias” y que hayan sido afectadas con el Impuesto Único al Trabajo.
Las modificaciones a los criterios para ser aceptadas como gastos necesarios para producir la renta vinculadas a las remuneraciones es uno de los aspectos interesantes y positivos que trata esta iniciativa legal que está siendo discutida en el Congreso.
Casi resulta un juego de palabras el título de esta columna, pero los hechos me permiten jugar con letras y significado. Este fin de semana hemos visto como el Partido Socialista, P.S., ha dado una Pésima Señal, en boca de su presidente el senador Álvaro Elizalde, quien ha señalado que organizará a la oposición política del país para rechazar todas las reformas impulsadas por el Gobierno, especialmente la tributaria.
Esta connotación tiene la virtud de permitir el debate para poder deducir determinadas partidas, valorando el criterio temporal, pues los efectos en la generación de renta, es decir, el potencial del gasto para producir un ingreso afecto a tributación, no será necesario que se evidencie en el mismo ejercicio en que se incurre en el gasto, sino que será posible verificarlo en los siguientes.
Se logró un acuerdo entre la Democracia Cristiana y el Gobierno, evidenciando que las posiciones antagónicas están atrincheradas en fundamentos ideológicos y no técnicos. Es más, en la misma Democracia Cristiana hay voces disidentes como la del senador Francisco Huenchumilla quien ha dicho expresamente que la disputa en la discusión del proyecto de ley está entre la derecha y la izquierda. Sin embargo, hay que reconocer que el senador ha hecho un esfuerzo y ha adorando su diatriba con términos técnicos, pero que están total y absolutamente equivocados.