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Ximena Castillo Faura |
Según el último informe “Calidad de Servicio del Transporte Aéreo en Chile” de la Junta Aeronáutica Civil (JAC), la empresa LATAM habría disminuido sus reclamos. Mi duda es si realmente habrá mejorado su calidad de servicio o si aparece con un volumen menor porque las agencias de viajes que venden sus pasajes pagan por los errores o incumplimientos de la aerolínea.
Las plataformas para adultos están de moda, principalmente por algunos “famosos” que están ganando dinero vendiendo contenido erótico.
El SERNAC publicó un Dictamen Interpretativo en el que (se supone) clarifica el alcance de cuándo y cómo se aplican los agravantes en caso de que una empresa cometa una infracción a la Ley del Consumidor (literales b y c del artículo 24 de la Ley N° 19.496).
Históricamente, los abogados corporativos han sido vistos como los encargados de buscar el resquicio para minimizar responsabilidades de las empresas y maximizar beneficios, a veces en el borde de la ética. Se trata de estereotipos instalados por las películas, aunque es innegable que también se basan en la realidad.
Recientemente se ha anunciado una película relacionada con el caso La Polar: el caso de vulneración más contumaz a los derechos de los consumidores y el mayor escándalo financiero de la historia de nuestro país. No conozco el guion de la película, el que, sin duda, debe tener muchos elementos de ficción. Pero les aseguro que la realidad superó cualquier ficción cinematográfica.
El 15 de marzo es el Día Internacional del Consumidor que se estableció en honor al discurso realizado por el presidente John F. Kennedy en 1962, donde por primera vez se reconocieron los derechos fundamentales de los consumidores.
En España, el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, una norma que persigue garantizar la protección una atención de calidad, personalizada y accesible para todos los consumidores. Incluye medidas como limitar los tiempos de espera telefónicos a 3 minutos, prohibir el uso exclusivo de contestadores automáticos en la atención telefónica y limitar el plazo de resolución de reclamaciones a 15 días. La norma, que espera entre a regir antes de fin de año, se aplicará a todas las grandes empresas, salvo aquellas que cuenten ya con normativa sectorial.