Américo Ibarra

La Ley de Presupuestos para el año 2024 ha establecido una estructura de gastos de M US$1.825.593(978,07). De esta cantidad, M US$ 1.685.751 (92,2%) se destinarán a Inversión de Capital. Es importante destacar que estos fondos, designados como transferencia de capital en el subtítulo 33, no pueden utilizarse para financiar gastos en personal, bienes o servicios de consumo de las entidades receptoras.

A pesar de las mejoras en las expectativas económicas durante 2024 y de las medidas implementadas por el banco central para estimular el crecimiento y controlar la inflación, el sector de la construcción no ha seguido la misma tendencia positiva. A pesar del conjunto de medidas tomadas por el ejecutivo, como la garantía estatal del 10% del valor del inmueble para viviendas de hasta 4500 UF, la extensión de la cobertura del seguro de remate para viviendas entre 1.600 y 2.800 UF, y la ampliación del crédito especial IVA para empresas constructoras hasta el año 2026, los resultados no han sido los esperados.

El fenómeno de la inseguridad ciudadana es un problema social que ha desafiado a las autoridades y a la sociedad en general (la percepción del aumento de la delincuencia en el país el año 2022 fue en promedio de 90,6%, con una variación de 3,7 p.p., respecto del año anterior, ENUSC 2022).

La modernización del Estado y la descentralización son dos procesos fundamentales para el desarrollo y la eficiencia de la administración pública y son materias políticamente transversales de cuasi consenso entre los distintos partidos. Ambos conceptos están estrechamente relacionados, ya que la modernización del Estado implica la actualización y mejora de sus estructuras y procesos, adaptándolas a las demandas y desafíos de la sociedad contemporánea.

La inversión en obra pública es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de Chile, así como de cualquier país. La construcción de infraestructuras como carreteras, puentes, hospitales, escuelas y sistemas de transporte público desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad de vida de la población y en el impulso de la actividad económica. En los últimos años, se ha observado un aumento significativo en la asignación de recursos hacia la inversión en obra pública, con el propósito de modernizar la infraestructura nacional y promover el crecimiento económico.

Las redes de trabajo interorganizacionales se han convertido en un elemento cada vez más relevante y común en el entorno actual. Estas redes representan muchas veces relaciones horizontales entre organizaciones que se respaldan mutuamente, sin que ninguna de ellas tenga la capacidad de imponer acciones comunes a las demás.

Durante 2023, se transaron vía licitación pública a nivel municipal MM $3.270.807 (más de 64 mil procesos licitatorios adjudicados). De ellos el 18 % (MM$603.078) correspondieron a procesos licitatorios en el rubro servicios de construcción y mantenimiento de los cuales MM$472.758 se refieren a construcción de obras civiles e infraestructura. En específico MM$433.180 a Construcción de Obras Civiles y MM$29.578 a pavimentación de carreteras o caminos.

Así como otros países de AL y el Caribe, Chile ha destinado recursos (humanos, tecnológicos, físicos y financieros) al diseño e implementación de instrumentos destinados a mejorar los desempeños institucionales.

Esto a mi juicio por al menos tres razones; la primera es que no existe una medición de la eficacia y eficiencia del desempeño de quienes optan por esta modalidad y la segunda es que tampoco existen mediciones del ahorro que genera para el estado la ausencia de dotación de oficinas gubernamentales, gastos básicos y superficie, entre otros y finalmente, porque el modelo no se vincula a ningún objetivo institucional medible.Estoy convencido que la implementación, desarrollo y fortalecimiento del teletrabajo en el sector público debe hacerse en base a indicadores objetivos de desempeño y cumplimiento de metas vinculados a objetivos institucionales o en su caso a proyectos de teletrabajo que mejoren un proceso de la gestión pública y por tanto, del bienestar colectivo.

La teoría económica da luces ciertas de la relación entre gasto e inversión pública y su impacto sobre el crecimiento económico. El aumento del gasto e inversión pública tiene un efecto positivo sobre la productividad de las empresas privadas en particular cuando se asegura y mejora la rentabilidad de las inversiones del sector privado.