El costo invisible del exceso de encargados
Sr. Director,
En los últimos años, Chile ha avanzado hacia un modelo regulatorio basado en el cumplimiento preventivo, siguiendo una positiva tendencia mundial en materia de compliance.
Sin embargo, cada nueva ley obliga a las empresas a incorporar su propio “encargado” o “responsable”, lo que lleva a cuestionar la sostenibilidad y los costos de este modelo. Es así como, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas introdujo la figura del encargado de prevención de delitos; la reciente Ley Marco de Ciberseguridad exige a determinadas empresas designar un responsable de ciberseguridad; y la nueva Ley de Protección de Datos Personales crea la figura del delegado de protección de datos. En el ámbito laboral, se suman los delegados de seguridad, los comités paritarios y los departamentos de prevención, entre otros. Así, las empresas enfrentan una proliferación de estructuras paralelas que muchas veces se superponen, aumentando la complejidad operativa y los costos.
No cabe duda de que cada una de estas obligaciones persigue fines loables —como proteger los datos personales, promover la probidad y resguardar la dignidad en el trabajo—, pero en conjunto generan una carga de cumplimiento creciente y costosa, especialmente para las medianas empresas que deben destinar cada vez más recursos a estas tareas.
El desafío, entonces, es evitar que el cumplimiento se transforme en un fin en sí mismo, en lugar de un medio para fomentar conductas responsables y sostenibles. ¿No deberíamos avanzar hacia un marco más integral, coherente y coordinado, que resguarde los mismos objetivos con mayor eficiencia?
María Elisa Undurraga
Abogada de Arteaga Gorziglia
