La entrega de licencias médicas falsas mientras los funcionarios viajaban fuera del país o que tenían reposo mientras asistían a casinos de juego, fueron algunas de las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República durante este año, la que ha aumentado sus controles para sancionar anomalías.
Ante ello, el Ejecutivo ingresó hace unos días un proyecto de ley para reforzar aún más las potestades del organismo: levantamiento del secreto bancario institucional, lo que permite que la entidad solicite directamente a cualquier banco información sobre operaciones de las entidades del Estado (no de personas naturales). También contempla que podrán ser fiscalizadas asociaciones y corporaciones por parte de la Contraloría. Asimismo, se entrega como atribución a la entidad que en caso de detectarse “vulneración grave al principio de probidad” por parte de alcaldes o gobernadores regionales, la Contraloría podrá requerir la remoción de la autoridad.
Ad portas de que finalice el Gobierno -y con una encuesta CEP que lo posiciona con una desaprobación del 62%-, la idea de dejar un legado que le permita terminar con mayor legitimidad parece urgente. En este contexto, presentar una iniciativa de estas características, posicionaría al Ejecutivo con una ventaja ante la opinión pública difícil de deslegitimar, pero ¿habrá letra chica en el proyecto de ley?
La discusión debe situarse en el rol del mérito en la toma de decisiones públicas. Si bien este proyecto buscaría profesionalizar el Estado y basar la toma de decisiones en capacidades técnicas verificables, esta reforma podría reconfigurar y resignificar el control y la capacidad de decisión en el espacio público-político, especialmente al intervenir con mayor recelo las regiones, los municipios y las organizaciones público-privadas.
La paradoja es evidente: ¿cómo una institucionalidad que ha sido creada para asegurar qué tan buena es realmente una decisión, podría terminar inhibiendo y afectando la descentralización y autonomía en la toma de decisiones, incluso erosionando principios democráticos? no olvidemos que más control puede significar menos capacidad de gestión y parálisis en las decisiones. Si bien la ampliación de las facultades de la Contraloría puede robustecer la transparencia y avanzar en integridad, también puede generar inacción desde la administración pública por el temor a eventuales sanciones.
El desafío es entonces asegurar un buen espacio de discusión legislativa que busque fortalecer a esta institución, sin transformarla en un actor político indirecto que finalmente termine aplicando poder discrecional. Fortalecer las instituciones sí, pero sin debilitar la autonomía ni la capacidad de decisión del nivel regional y local.
Catalina Riquelme
Cientista política
Instituto Libertad
