Contralora Dorothy Pérez expuso sobre empleo público en seminario CEP

(www.contraloria.cl)

La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, participó este miércoles 24 de septiembre en el conversatorio “Empleo Público: El Estado en su laberinto”, organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP). En la instancia, la autoridad entregó definiciones institucionales sobre el Estatuto Administrativo y el empleo público.

El encuentro se enmarcó en el ciclo “Voces en el CEP”, que reúne a académicos, autoridades e investigadores para analizar temas de interés nacional. En esta sesión también participaron el investigador del CEP y académico Sebastián Soto; el también investigador del CEP, Tomás de la Maza; y la directora de Comunicaciones de dicha entidad, Macarena Lescornez, quien moderó la conversación.

En lo medular de sus intervenciones, la Contralora General se refirió a lo que considera como “lo evidente”. Así, en relación con ejercer correctamente la función pública, recordó que la CGR ha hecho en los últimos meses más de 800 auditorías. Destacó entre ellas las referidas al control de armas, la quema de drogas incautadas y la atención de menores de edad, que presentaron múltiples observaciones. A su juicio, la CGR allí detectó vulneraciones evidentes a la función pública, ya que el Estado no estaba proporcionando el servicio para el cual está creado y los funcionarios de dichas dependencias no lo advirtieron.

Superar este tipo de situaciones, argumentó, requiere que jefaturas y funcionarios de los servicios cumplan con su deber y se apeguen a la norma. No obstante, planteó que en muchos casos “es difícil tomar esas decisiones. Hacer las cosas es difícil porque tiene costos y poca gente quiere asumir los costos. Estoy diciendo algo que también es muy evidente. Esa es la razón. Llegamos ahí porque no se han ido cumpliendo las normas en una serie de materias”.

Enseguida, agregó que “hay gente que le llama a esto el ‘buenismo’: para no pelearnos, digámosle que sí, en distintos ámbitos, en el dictamen, en la sentencia, en la autorización (…), pero cuando esto se vuelve una reiteración constante, uno tiene que tomar la decisión incómoda de decir ‘no’”. Cerró esta idea enfatizando que “por eso, lo que más me interesa es el control jerárquico que deben hacer las jefaturas. Hagamos lo que tenemos que hacer”. Tras ello, agregó que “si uno no quiere hacer el trabajo para el cual está mandatado, tiene que buscar otro”.

Caso Licencias Médicas y lo que viene

Previamente, la jefa de la CGR se refirió al diagnóstico sobre el empleo público, principalmente vinculado al Estatuto Administrativo. Planteó que hay un consenso respecto de que se debe mejorar la normativa, pero que aquello no se ha materializado. Ante esa realidad, dijo, existen dos caminos: Uno, “legislar vía jurisprudencia”, lo que descartó de plano; y, dos, que se deben hacer cumplir las normas vigentes que impactan en el funcionamiento del sistema público y que significan además mucho gasto. Esto último, “lo hemos estado haciendo mediante la fiscalización”, aseguró la autoridad.

También señaló que se debe hacer un cambio profundo respecto del Estatuto Administrativo, para que se “reconozca la carrera funcionaria, se reconozca el mérito, que signifique para la función pública una dignificación en términos reales, que sea un honor, un orgullo, trabajar en el sector público y que los mejores trabajen allí”.

Eso sí, planteó que hay situaciones en que aquello se incumple. Por ejemplo, tras ser consultada respecto del Caso Licencias Médicas, enfatizó que el derecho a la recuperación de la salud está amparado normativamente, pero que en la Contraloría “estamos en contra de los abusos, estamos viendo cómo cortamos eso. No estamos restringiendo un derecho cuando es ejercido válidamente”.

La autoridad fiscalizadora también adelantó parte de la priorización investigativa que seguirá desarrollando la CGR. En concreto, señaló que se está fiscalizando la entrega de beneficios sociales. “Queremos cerciorarnos de que los recursos efectivamente vayan a las personas más vulnerables”, enfatizó, agregando que “hay una cantidad muy grande de beneficios que se entregan a personas que, cuando uno va a revisar, tienen condiciones económicas de muy alto nivel”. Para cambiar esto, expresó, basta el cumplimiento de la norma.

Sentido común

El otro invitado al conversatorio, Sebastián Soto, coincidió en varios puntos con la Contralora, planteando que muchas de sus reflexiones apelaban al retorno del “sentido común”, práctica que muchas veces parece olvidado en el ejercicio de la función pública.

Adicionalmente, señaló que desde su punto de vista es necesario “mover algunas perillas específicas en materia de empleo público para intentar generar los incentivos adecuados”. Asimismo, apuntó que “una reflexión legislativa global del empleo público no ha habido en Chile en muchas décadas”.

La actividad también consideró las palabras del investigador del CEP, Tomás de la Maza, quien sostuvo que “la verdad es que, sin voluntad política y apoyo transversal en la materia, para una reforma profunda en ella, seguiremos siendo testigos de un Estado atrapado en su propio laberinto".