Campamentos, el síntoma del déficit habitacional que no cede
En Chile, más de 120 mil familias viven actualmente en campamentos según el levantamiento efectuado por TECHO-Chile. Este dato revela por un lado la precariedad habitacional y el fracaso estructural de las políticas públicas para enfrentar el déficit con eficacia y justicia territorial. Por ahora, el acceso a la vivienda digna sigue siendo un slogan de campaña, pero una promesa incumplida y difícil de cumplir para miles de ciudadanos.
El Plan de Emergencia Habitacional (PEH), lanzado en 2022 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, prometía avanzar en resolver el déficit habitacional construyendo cerca 260 mil viviendas durante este gobierno. A julio de 2025, los datos dan cuenta que se ha cumplido una cifra cercana al 80% de esa meta. Sin embargo, al profundizar lo avanzado para resolver la situación de campamentos, el panorama es desolador: sólo un 27% de las soluciones comprometidas para familias en asentamientos precarios se ha concretado. Esta brecha no es solo numérica; sino también ética y política.
La casuística que nos ha develado el caso del conocido como “La mega toma del Cerro Centinela de San Antonio”, en la Región de Valparaíso, es emblemático. Más de 10 mil personas continúan viviendo en condiciones de informalidad y vulnerabilidad extrema. Esta se ha convertido en el mayor asentamiento irregular del país. Tras seis meses de negociaciones entre el Ministerio de Vivienda, el municipio y los propietarios del terreno, el proceso terminó sin acuerdo y hoy, con una orden judicial de desalojo vigente, miles de familias enfrentan la amenaza inminente de expulsión forzosa, sin alternativas claras ni soluciones habitacionales inmediatas.
Lo ocurrido es solo representativo que la institucionalidad no logra articular respuestas integrales, ni coordinar actores públicos, privados y comunitarios en torno a un pacto por la vivienda. En efecto, hay una incapacidad institucional que permita resolver la crisis habitacional. Esta política, sigue operando con criterios e instrumentos del siglo pasado, centrados en la propiedad individual, con subsidios desactualizados y una planificación urbana que excluye a los más vulnerables.
El déficit habitacional es una herida abierta. Los campamentos son el resultado de un sistema que expulsa a quienes no pueden pagar arriendos ni acceder a créditos hipotecarios y se transforman en emblemas de desesperanza y base cultivo de rabia y resistencia.
Con todo, se requiere reconocer el derecho a la vivienda y diseñar políticas que trasciendan los ciclos electorales. Chile necesita un nuevo pacto por la vivienda. Uno que no deje a nadie atrás.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto de Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile