Infraestructura energética para el desarrollo que queremos
En un documento del Consejo de Políticas de Infraestructura, más de 150 actores planteamos que el crecimiento sostenible exige aumentar la inversión en infraestructura. Solo si esta es moderna y resiliente podremos aprovechar los potenciales estratégicos del país.
Un pilar de una Política Nacional de Infraestructura es lograr una transición energética acelerada y responsable. Chile tiene una oportunidad única de proyectar su desarrollo sobre energías limpias y competitivas. Esa promesa puede frustrarse si no desplegamos con rapidez la infraestructura de redes que la habilita. La transición no se mide en megawatts instalados, sino en la capacidad del sistema para transportar y poner al servicio de las personas la energía renovable que ya producimos.
Con ese propósito, se propusieron lineamientos para reducir vertimientos, contener costos, mejorar la calidad del servicio y cumplir compromisos climáticos. El primer paso es mejorar la gobernanza y planificación: se requiere una entidad asesora presidencial que aúne criterios de diseño multiservicio y agregación de la red eléctrica, separándolos de los ciclos políticos.
También es indispensable expandir las redes de transmisión y distribución, junto a sistemas de almacenamiento que permitan aprovechar el potencial renovable. Esto implica priorizar proyectos estratégicos y tramitarlos con urgencia, sin relajar estándares socioambientales. Además, urge reformar la planificación y la asignación del pago de la transmisión, recuperando señales de localización. Existe consenso sobre la necesidad de una reforma a la distribución que incorpore incentivos para la resiliencia de las redes, la comercialización, tarifas flexibles, gestión de la demanda y resguardo de la infraestructura.
Al mismo tiempo, se debe atraer inversión mediante reglas claras, con fondos o garantías frente a la crisis climática. En lo laboral, un plan nacional de formación —desde linieros hasta la actualización del Marco Nacional de Cualificaciones— es prioritario. Hoy invertimos muy por debajo del promedio de países desarrollados. Para competir en el mercado global de energía limpia necesitamos un compromiso sostenido demayor inversión estratégica, fortaleciendo la colaboración público-privada y reduciendo la fragmentación institucional.
Nada de esto será viable si no entendemos que la transmisión se construye en los territorios. Las comunidades no son actores secundarios: son parte esencial. Una política moderna debe basarse en diálogo temprano y beneficios tangibles que trasciendan la construcción de líneas y subestaciones.
El reto es doble: velocidad y legitimidad. Avanzar rápido para no perder competitividad ni compromisos climáticos, pero también de una manera que genere confianza ciudadana y sostenibilidad en el largo plazo.
El problema del desarrollo de redes no es técnico; es institucional y político. Chile puede convertirse en líder mundial en energías limpias, pero no lo será por decreto ni por inercia. Será líder si hace de la infraestructura una política de Estado. La próxima administración deberá enfrentarlo con una visión más ambiciosa.
Javier Tapia
Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Director Ejecutivo, Asociación de Transmisoras de Chile
